El plan de Lula para reactivar la economía de Brasil

En 2010, Brasil llegó a ocupar el puesto número 7 del ranking de las mayores economías del mundo elaborado por el FMI. El último dato disponible muestra que cayó al puesto número 13.

Luiz Inacio Lula Da Silva comenzó su tercer mandato el 1 de enero de 2023 en un contexto completamente diferente al que dejó al concluir su gobierno en 2010. En ese entonces, Brasil llegó a ocupar el puesto número 7 del ranking de las mayores economías del mundo elaborado por el FMI. El último dato disponible del mismo ranking es de 2021, y retrata que el país cayó al puesto número 13.

Y a pesar de que durante la última campaña presidencial, Jair Bolsonaro destacó varios meses consecutivos de deflación, lo cierto es que un mes antes de comenzar el gobierno del liberal, la inflación interanual de Brasil era de 2,95% en diciembre de 2018, y ascendió a 10,2% en 2021, y 5,8% en 2022.

Durante los dos periodos de gobierno de Lula, se crearon cerca de 14 millones de empleos, el salario mínimo aumentó un 53% en términos reales y a un ritmo mucho más rápido que el de la inflación, unas 20 millones de personas lograron salir de la pobreza, y surgió así una nueva clase media, de la mano de programas como Hambre Cero y Bolsa Familia, extinguidos hacia 2019. Uno de los mayores desafíos será lograr disminuir estrepitosamente el número de brasileños que pasan hambre, que se triplicó entre 2018 y 2022, pasando de 10 millones a 33 millones de personas. De esta manera, el tercer mandato de Lula comienza con casi un 30% o 62 millones de brasileños en la pobreza.

En su primer día de nuevo gobierno, Lula firmó una decena de decretos para frenar la privatización de 8 empresas estatales como Petrobras y el Correo. Además, derogó un decreto de Bolsonaro que redujo a la mitad las tasas impositivas pagadas por grandes empresas.

Lula relanzó el plan de vivienda “Mi casa, mi vida”, que fue creado en 2009 y discontinuado en 2016, con el objetivo de cubrir las necesidades habitacionales de los sectores más vulnerables. Esta reedición buscará construir 2 millones de casas durante su mandato, con un subsidio estatal del 80% para para cubrir un déficit de viviendas que alcanzó el 38% en los últimos cuatro años. Lula espera que este programa tenga une efecto importante para dinamizar un sector muy amplio de la construcción.

A su vez, también fue relanzado el programa “Bolsa Familia”, una de las herramientas petistas que contribuyó en la reducción de la pobreza y que en esta ocasión contará con más de 33 mil millones de dólares para atender a 60 millones de pobres atravesados por la inseguridad alimentaria. “Bolsa Familia” incluye el pago de subsidios por 115 dólares a 21 millones de familias y 29 dólares por cada hijo. De esta manera, el gobierno de Lula buscará aproximar la asistencia al salario mínimo de Brasil.

De hecho, el salario mínimo ha sido una de las primeras preocupaciones del Ejecutivo. El presidente oficializó el aumento del haber mínimo de 1.302 reales a 1.320, unos 254 dólares a partir de mayo. Además, explicó que en el futuro, se tendrán en cuenta otras variables para su actualización, como la inflación y el crecimiento del PBI para “distribuir de manera más justa el crecimiento económico”.

El anuncio incluyó medidas de exención para el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, para aquellos que perciben salarios de hasta 500 dólares. Esta medida implicará en de manera inmediata una mejora del poder adquisitivo si se tiene en cuenta que el mínimo no imponible era de 360 dólares y no se actualizaba desde 2015. El nuevo compromiso asumido implica extender progresivamente la exención hasta alcanzar los 950 dólares.

¿Y cómo se financia todo esto? Poco antes de asumir, Lula presentó una Propuesta de Enmienda Constitucional para ampliar el “techo de gastos”. Esta figura fue impuesta durante el gobierno de Michel Temer para contener el gasto público y sanear las cuentas. En diciembre de 2022, la Cámara de Diputados votó a favor de ampliar en 33 mil millones de dólares (de los 39 mil millones que había pedido Lula) para ampliar el techo durante un año. La regla del límite de gasto tenía como objetivo principal la disciplina fiscal para revertir el déficit a partir de la reducción del gasto público en proporción al PBI.

A mediados de abril, Lula finalmente presentó su postergado “Nuevo Marco Fiscal”. Allí se establece una trayectoria descendente para el déficit primario de 0,5 puntos porcentuales del PBI anual a partir de 2024 y un superávit de 0,5% del PBI en 2025. La tasa de crecimiento del gasto se limita al 70% de los ingresos del año anterior, con un piso de 0,5% y un techo de 2,5% para su crecimiento en términos reales. Pero estas medidas contribuirán solo en parte al ajuste. También habrá un aumento por recaudación a partir del incremento de la carga tributaria a la inversión financiera, a los sitios de apuestas deportivas y ventas directas a consumidores por sitios de venta extranjeros, entre otras cuestiones. Pero el nuevo marco fiscal no podrá detener el crecimiento de la deuda pública que se estima se ubicará a fines de 2023 en torno al 76% del PBI.

Un punto clave en la economía de Brasil es el precio del petróleo y del combustible. Bolsonaro rebajó los impuestos a los combustibles como parte de su estrategia electoral. Esta medida expiraba en diciembre de 2022, pero Lula la prorrogó hasta fines de febrero. Vencido el plazo, los precios de la petrolera Petrobras se recortaron en la nafta y el diésel, lo que le dio margen al gobierno para subir los impuestos. Pero la estrategia, apuntó a no realizar grandes modificaciones en el diésel, para no afectar a los camiones que representan el principal medio de transporte de productos en el país y así evitar más inflación en los bienes de consumo. Algunos detractores de la medida señalan que durante el gobierno de Dilma Rousseff se recurrió al control de precios de Petrobras como herramienta de política macroeconómica para controlar la inflación y derivó en la peor recesión del país carioca en cien años.

Pero además, el gobierno de Lula introdujo una tasa de exportación de crudo del 9,2% durante cuatro meses, con lo que buscará recaudar en el primer semestre de 2023 unos 1.300 millones de dólares. El Instituto Brasileño de Petróleo y Gas, la entidad más importante del sector petrolero de Brasil, expresó en un comunicado su “gran preocupación” por el tributo de estas exportaciones por el impacto en la competitividad del país a mediano y largo plazo, argumentando que se ¨socava la credibilidad nacional en cuanto a las estabilidad de las normas fiscales”.

La tercera edición de Lula promete gasto social ante la crisis, reindustrialización e integración latinoamericana como sendero para alcanzar el crecimiento.

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