El Parlamento ecuatoriano inició el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por prolongar un contrato supuestamente perjudicial para el Estado, mientras sus seguidores se concentraron en el parque El Arbolito, en las adyacencias de la sede legislativa, para brindarle su apoyo. En su descargo, el mandatario sentenció: "El mismo rencor que me profesan es la más grande prueba de mi inocencia".
La sesión del pleno comenzó a las 10.17 de ese país con 109 parlamentarios presentes sobre 137 con acusaciones en contra del mandatario señalado por los legisladores de "inocular la corrupción" en el sistema y la propia defensa de Lasso, quien consideró "infundado" el proceso y remarcó que "lo político jamás puede ser justificación para lo ilegal".
Los legisladores interpelantes fueron Viviana Veloz, de la bancada Unión por la Esperanza (UNES, izquierda), y Esteban Torres, del Partido Social Cristiano (derecha), quienes tuvieron dos horas para exponer los argumentos acusatorios sobre la base de las pruebas actuadas en el proceso.
Posteriormente, Lasso hizo uso de la palabra ante los integrantes del Legislativo, y una vez concluida su exposición el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, deberá luego convocar a otra sesión para la votación final, y algunos medios quiteños señalan que ese encuentro sería el sábado.
En caso de que existan 92 votos a favor de la censura y destitución del presidente, el vice Alfredo Borrero tendrá que asumir la primera magistratura hasta 2025, cuando concluye el período de mandato para el cual fue electo el actual Gobierno.
De ser censurado, Lasso se convertiría en el segundo mandatario ecuatoriano en ser destituido en juicio político luego de que 1933 fuera cesado Juan de Dios Martínez (1932-1933).
A Lasso le queda aún una carta con la que alguna vez amenazó: la opción de disolver el Congreso, por una sola vez y en los tres primeros años de administración, para dar paso a elecciones generales anticipadas de donde saldría un gobernante encargado de terminar el actual período.
Esa opción, llamada "muerte cruzada", la puede decretar antes de la votación en el juicio, pero es una chance algo desdibujada porque habría comicios en 45 días y el crecimiento de las fuerzas alineadas con el expresidente Rafael Correa en las elecciones regionales de febrero parecen alejar esa posibilidad.
La defensa del presidente Guillermo Lasso en el juicio político
Tras la acusación de los miembros de la Asamblea, el Presidente entró al recinto a ejercer su defensa en un alegó que su inocencia era "total, evidente e incuestionable". "El mismo rencor que me profesan es la más grande prueba de mi inocencia", señaló, entre aplausos.
Aunque no era objeto del proceso, el jefe del Palacio de Carondelet usó parte de las tres horas del tiempo permitido para hacer un balance de su gestión y destacar logros.
Y sobre el acuerdo Flopec-Amazona Tankers enumeró que "no hay contrato ni adenda" firmados en su gestión; "no hay recomendación de contraloría para terminar el contrato"; "no hubo determinación de responsabilidad penal" y, además, "no hay testigos relevantes de nada".
“Muy fácilmente, la florida ficción que han montado va dando paso a la sobria e ineludible realidad”, manifestó.
Concluida su exposición, las partes tendrán una hora para las respectivas réplicas y luego se dará paso al debate para que los diputados expongan sus argumentos durante 10 minutos sin derecho a réplica y al concluir este, se suspenderá la sesión para que en un plazo de cinco días el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, convoque a otra sesión para la votación final.
El juicio político al presidente Guillermo Lasso
El proceso es considerado como una instancia que no sólo pondrá en escena el juego de fuerzas internas, sino que también servirá para probar el esquema institucional ante una situación inédita en los últimos 15 años en el país andino.
El mandatario está acusado de no haber suspendido un polémico contrato entre la empresa estatal Flopec y el conglomerado Amazonas Tankers para el traslado de crudo ecuatoriano, el cual habría ocasionado un perjuicio para el Estado por 6,1 millones de dólares, según la Contraloría General del Estado.
"Los ecuatorianos nos exigen que solucionemos sus problemas cotidianos y pongamos fin a una irracional confrontación que agota la paciencia de la población, que incrementa el desasosiego y debilita nuestra democracia", expresó Lasso, que no recibió condena judicial por el caso, en su cuenta de Twitter tras el arranque del juicio.
El juicio ocurre en un contexto de aumento de la violencia ligada al narcotráfico y de descontento popular por el costo de la vida, lo que puede ser el fin del Gobierno de derecha y una oportunidad para la oposición de izquierda para recuperar fuerzas de la mano de su líder, el exmandatario Rafael Correa, residente en Europa y condenado a ocho años de cárcel.
Se trata de la segunda vez que en su mandato el conservador Lasso enfrenta un intento de sacarlo del cargo, porque en junio del año pasado, en medio de un prolongado paro general promovido por las organizaciones indígenas, una iniciativa similar sumó 80 votos, 12 por debajo del mínimo requerido.