Cómo es el proyecto de Colombia para lograr una histórica Paz Total

El presidente de Colombia Gustavo Petro llegó al Gobierno con la ambiciosa promesa de lograr de una vez y para siempre la paz en Colombia y la erradicación de la violencia ocasionada por grupos guerrilleros, disidentes, paramilitares y narcocriminales. A cien días de iniciado su mandato, obtuvo el aval parlamentario para hacer de su proyecto de “Paz Total” una política de Estado.

Los legisladores modificaron la Ley de Orden Público vigente desde 1997 y de esta manera, se abre la puerta a que el Gobierno negocie con actores armados sobre un conflicto que se cuenta en décadas, 500 mil muertos y un millón de desplazados.

¿Cuáles son los grupos guerrilleros y narcocriminales en Colombia?

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) es la guerrilla activa más antigua de Colombia. Fundado en 1.964 con apoyo del Partido Liberal Colombiano, se autodefine como marxista leninista y ha sido histórico enemigo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aunque con menor capacidad bélica. En sus 58 años de existencia, se los ha reconocido como expertos en secuestros con los que logró financiarse, y se los ha acusado por crímenes de guerra, asesinatos, abusos de civiles, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores.

Su estructura se sostiene desde un Comando Central conformado por cinco miembros, de los cuales uno se desempeña como comandante militar, un rol hoy ocupado por Eliécer Herlinto Chamorro, más conocido como “Antonio García”. El segundo comandante es Israel Ramírez Pineda, alias “Pablo Beltrán” y existen distintas áreas de acción. Su funcionamiento es posible desde los “Frentes de Guerra” que coordinan la guerrilla. Se calcula que cuenta con unos 3 mil soldados, unos dos mil menos de los que supo tener en la década de los 90. De acuerdo a un informe de la organización Indepaz, el ELN fue responsable de 1 de cada 10 actos de violencia durante el gobierno de Iván Duque entre 2018 y 2022.

El diálogo con el ELN se inició en Quito en 2017 durante el gobierno de Juan Manuel Santos. La sede del diálogo se trasladó a Cuba en 2018, junto con los guerrilleros. Pero entre 2018 y 2022, las conversaciones con el gobierno de Iván Duque se estancaron, especialmente cuando en 2019, la guerrilla atentó contra la escuela de la policía dejando 23 muertos y más de 100 heridos.

El puntapié inicial para retomar el diálogo con este grupo lo dio Petro al asumir, con el anuncio del fin de las órdenes de captura y los pedidos de extradición a Cuba. El último 12 de agosto, una delegación del gobierno colombiano arribó a la isla para un primer sondeo sobre la posibilidad de reanudar el proceso de paz. Antonio García expresó la voluntad del ELN de iniciar la conversación. A los pocos días, abandonó La Habana y se trasladó a Venezuela. Desde Caracas, se emitió un histórico anuncio entre las partes para confirmar el inicio del diálogo formal en noviembre. Cuba será la sede de las negociaciones y Venezuela, España y Chile oficiarán de garantes.

Pero si bien la desactivación del Ejército de Liberación Nacional es el primer paso para la paz total, no es la única organización a la que se enfrenta el gobierno.

En 2006 se dio por terminada la desmovilización paramilitar durante el gobierno de Álvaro Uribe y paulatinamente comenzó el rearme de unas 120 organizaciones militares vinculadas al paramilitarismo. En paralelo, proliferaron ejércitos privados al servicio de las economías ilegales, con la función principal de defender cada cartel del narcotráfico y su territorio.

Los cambios en el gobierno de Santos

Con el gobierno de Juan Manuel Santos sucedieron dos hechos. Por un lado, se redujo la cantidad de organizaciones, al tiempo que las que se mantuvieron no solo acumularon más poder sino que se apoderaron de los laboratorios de cocaína y las rutas de exportación narco. De esta forma, sobrevivieron tres grandes grupos armados, una veintena de organizaciones medianas, y grupos locales subcontratados. Hubo más de 15 mil capturas de miembros, pero a pesar de esto, el gobierno nunca pudo contener el reclutamiento juvenil que conforma una gran reserva de menores iniciados en la narcocriminalidad y que rápidamente repuso las bajas.

Por otro lado, Santos logró firmar el Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC – EP) y su consecuente desarme. Pero en el camino, los disidentes de las FARC Estado Mayor Central no se acogieron. Para 2019, otra disidencia conocida como Segunda Marquetalia, bajo el mando de Iván Márquez (el exnegociador de las FARC en La Habana), anunciaba que retomaba las armas tras considerar que no se honró el pacto.

Este es el panorama de las organizaciones que podrían formar parte del diálogo por la paz de Petro, a quien consideran un interlocutor relativamente válido por tratarse de un presidente de izquierda y que supo formar parte del M-19. Sin embargo, algunos mandos del ELN creen que no todos deberían tener un lugar en la misma mesa, porque entienden que los grupos criminales dedicados al narcotráfico y la extorsión forman parte de otro problema.

Mientras tanto, una decena de grupos armados, dentro de los que se encuentran las disidencias de las FARC Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia, y el Clan del Golfo, anunciaron a fines de septiembre el cese al fuego de manera unilateral para explorar los alcances de la paz total. Este hecho trajo la reaparición de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, a quien el expresidente Iván Duque había dado por muerto en un operativo en julio de 2022. El jefe disidente de las FARC leyó un comunicado donde dijo que reafirmaba el compromiso de buscar una “salida al conflicto social y armado de décadas”.

Gustavo Petro considera que la paz total sólo podrá alcanzarse con el fin de la violencia de todas las organizaciones criminales, y en el proceso, habrá distintos tratamientos. De ahí que de manera expeditiva presentó en el Congreso su proyecto de paz total que será clave para finalizar la violencia centenaria que somete a Colombia.

El texto aprobado en el Congreso busca dotar de facultades al Ejecutivo para llevar adelante las negociaciones, en el marco del equilibrio de poderes establecido en la Constitución.

¿Cuáles son los principales aspectos de la ley de Paz Total?

1. Incluye al crimen organizado y busca el sometimiento

Históricamente, la búsqueda de paz se establecía con grupos armados vinculados a la política. Para ellos, se prevé un proceso determinado. Pero la nueva ley incorpora al crimen organizado asociado a economías ilegales, con los que se buscará el sometimiento. Los detalles se conocerán con la reglamentación de la ley, pero su inspiración proviene de la legislación de Estados Unidos, donde es posible negociar beneficios judiciales a cambio de información relevante. Las condenas podrían reducirse a la mitad y los criminales estarán obligados a entregar el total de los bienes, de los cuales sólo podrán mantener el 5% para vivir una vez cumplida la pena.

2. La paz será una política de Estado

La paz será prioritaria y atravesará todos los niveles de la administración de gobierno. Se creará un Gabinete de Paz que el Presidente podrá convocar de manera bimensual. Además, se establece que habrá políticas públicas que deberán tener continuidad a lo largo de los gobiernos, de modo que el crimen organizado no supla el rol del Estado donde hoy hay ausencias. Para financiarse, se crea un Fondo para la Paz.

3. El servicio militar obligatorio podrá ser complementado con el servicio social

Los jóvenes que lleguen a la mayoría de edad podrán optar por el servicio social obligatorio como alternativa al servicio militar obligatorio. Durará 12 meses y otorgará una libreta equivalente a la militar. De esta manera, se podrán realizar tareas de alfabetización digital, cuidado ambiental, asistencia a adultos mayores o trabajo con damnificados entre un total de 11 formas distintas de acreditar su cumplimiento. Quienes apoyaron esta iniciativa, destacaron que solo los jóvenes de estratos más vulnerables cumplían con una tarea que terminaba siendo inequitativa.

4. Condiciones de las negociaciones

Se explicitan algunas de las condiciones de acuerdos anteriores. Además, se incluyen las suspensión de órdenes de capturas de los voceros y negociadores de los grupos armados, incluidas aquellas que tengan fines de extradición, y el canje de armas de forma anónima a cambio de dinero. Podrán delimitarse zonas estratégicas de intervención en los territorios más afectados. También quedan establecidas como políticas de Estado los acuerdos parciales y medidas humanitarias.

El gran interrogante apunta a la inclusión de las disidencias de las FARC, porque muchos entienden que se enviaría un mensaje equivocado al inferir que es posible incumplir acuerdos anteriores y aún así beneficiarse.

Resta la reglamentación de la ley y el inicio formal de las negociaciones, pero está claro que Colombia tiene una última oportunidad para convertirse en un Estado de paz.