Bolsonaro indultó a militares y policías a solo nueve días de dejar el poder

A solo nueve días de dejar el poder, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, concedió un indulto navideño que perdonó condenas de cárcel a militares y policías, incluyendo a los responsables de la mayor masacre carcelaria registrada en el país, la de Carandiru de hace 31 años en San Pablo, que dejó 111 muertos, todos asesinados por fuerzas de seguridad.

El indulto es extensivo a todos los agentes que hayan sido condenados por crímenes culposos, o por actos realizados por "su deber de actuar" o "en razón de riesgos" enfrentados por las fuerzas de seguridad.

La medida beneficia a los 69 agentes que siguen vivos de los 74 que fueron condenados por los 111 homicidios de presidiarios cometidos en la cárcel de Carandiru en 1992 en San Pablo.

Los agentes fueron condenados en juicios celebrados en 2013 y 2014, pero nunca fueron encarcelados debido a maniobras judiciales con las que sus abogados lograron dilatar los juicios de apelación en instancias superiores. Se trata de un caso que se ha convertido en un símbolo de la impunidad en Brasil.

carandiru brasil

Télam

"Hoy se hizo justicia"

El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del mandatario de ultraderecha, celebró los indultos en sus redes sociales diciendo que "hoy se hizo justicia" para los policías autores de los homicidios en Carandiru, a los que "intentaron arrestar por 30 años".

"Policías militares que entraron donde ninguna madre siquiera permitiría que sus hijos entrasen y cumplieron su misión. Sufrieron, incluso con la aplastante mayoría de la sociedad apoyándolos", afirmó.

Cómo fue la masacre de Carandiru

La matanza de Carandiru se remonta al 2 de octubre de 1992 y se inició por un motín en el pabellón nueve de este recinto penal, el mayor de Brasil en la época, que albergaba a cerca de 8.000 internos hacinados y en condiciones insalubres.

La Policía reprimió con una violencia extrema, disparando a los reclusos cuando muchos de ellos estaban encerrados en sus respectivas celdas sin posibilidad de defenderse o huir.

Según los análisis forenses presentados durante el juicio, los 111 muertos recibieron en total 515 balazos, entre ellos 126 en la cabeza, algo que para los grupos de derechos humanos constituye una prueba de que fueron ejecutados sumariamente.

El responsable de la operación, el coronel de policía Ubiratan Guimarães, fue condenado en 2001 por el uso excesivo de la fuerza, pero tampoco llegó a ser encarcelado y resultó absuelto en una apelación en 2006, pocos meses antes de morir asesinado.

La conmoción que produjo la matanza llevó a las autoridades brasileñas a clausurar Carandiru en 2002 para luego ordenar su demolición y construir allí un parque.