Armas para todos: la polémica respuesta de Lasso a la ola de crímenes en Ecuador

De acuerdo a estadísticas de este ministerio, 2022 cerró con la mayor tasa de homicidios alguna vez registrada: se contabilizaron 25 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Si se tiene en cuenta el periodo comprendido entre enero y marzo de 2023, las autoridades registraron 1.356 casos, lo que supone un aumento de más de 66% comparado con el año anterior. En este escenario, si la media de casos se mantiene, el año podría finalizar con un estrepitoso aumento de la tasa de homicidios hasta llegar a 34 por cada 100 mil habitantes.

Ecuador es además el país latinoamericano donde los ciudadanos se sienten más inseguros para transitar las calles de noche. El dato surge de una encuesta publicada por Gallup World Poll que indica que luego de varios años, el país superó la percepción negativa que lideraba Venezuela. A fines de 2022, el 64% de los ecuatorianos dijeron que se sienten inseguros en su país, solo el 41% tiene confianza plena en las fuerzas policiales y apenas un 24% confía en el sistema judicial.

Ante este panorama, el presidente Guillermo Lasso anunció que la lucha es contra el crimen organizado y lanzó tres medidas que buscan hacer frente al avance de la inseguridad, tras un año de haber movilizado a agentes militares a las zonas calientes con magros resultados.

• El decreto del estado de excepción. Rige desde el 2 de abril y sin fecha cierta de finalización en la zona 8 de la provincia de Guayas, que comprende Guayaquil, Sanborondón y Durán, y también en las provincias de Santa Elena y Los Ríos.
• El toque de queda entre la una y las cinco de la mañana en las zonas donde rige el estado de excepción.
• La más polémica: la autorización de la portación de armas para defensa personal. La portación de armas está contemplada en la legislación desde los años 80, pero su decreto derogó la decisión del expresidente Rafael Correa, que en 2011 prohibió la portación para civiles. También quedó permitido el uso de gas pimienta y se prohibió la fabricación, registro y tenencia de armas de fabricación artesanal.

La tenencia y la portación de armas no son lo mismo. En Ecuador, se entiende por tenencia la autorización a individuos para tener hasta 2 armas de fuego por razones de seguridad. El propietario que quiera desplazarse con su arma deberá descargarla y guardarla con todos los elementos de seguridad. La portación de armas va un paso más allá y permite llevarla en todo momento para su uso al alcance de la mano.

Si bien desde entonces se ha hablado de “libre portación” de armas, esa libertad estará regulada por el Sistema Nacional de Control de Armas y Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la tenencia y portación?

• Tener nacionalidad ecuatoriana
• Haber cumplido un mínimo de 25 años de edad
• Contar con certificado de examen psicológico del ministerio de Salud Pública
• Superar el examen toxicológico de Salud Pública, que determine que las personas no ingieren sustancias sujetas a fiscalización o no es alcohólica
• Contar con certificado de destreza en el manejo y uso del arma emitido por el ministerio de Defensa Nacional
• No tener sentencias por la comisión de delitos
• No registrar antecedentes de violencia contra la mujer o familia

Con esta posibilidad, Lasso anunció que los agentes de seguridad privada podrán portar armas y colaborar con agentes policiales en la lucha contra el crimen.

Desde su anuncio, las voces en contra están intentando hacerse oír. El mismo Rafael Correa utilizó Twitter para defender su extinto decreto de prohibición a la portación. Señaló que esa política le permitió a Ecuador ser “el segundo país más seguro de Latinoamerica”.

Al menos cuatro universidades difundieron comunicados en contra. La Universidad de Cuenca rechazó la medida porque considera que se le “transfiere a los ciudadanos la responsabilidad estatal de seguridad y protección”. Y apuntaron que “estudios demuestran que el uso de armas de fuego incrementa los homicidios, femicidios, suicidios y la violencia social”. Expertos en seguridad han señalado que el decreto sólo ampliará el mercado de armas disponibles y terminará facilitando los mecanismos de tráfico.

La medida también fue rechazada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que argumentó que la decisión podría derivar “en el surgimiento de grupos paramilitares que justificarán y camuflarán la política represiva, persecutoria”.

La exsubsecretaria general de inteligencia de Ecuador aportó más datos. Indicó que “el porcentaje más bajo de uso de armas de fuego en homicidios fue en 2017. Ese año el 47% de los homicidios se cometieron con armas de fuego. Pero en 2022, se incrementó drásticamente al 86%”.

El presidente Lasso indicó además que el Gobierno identificó a 15 “objetivos de alto valor”, como se le llama en el país a los líderes de las bandas delictivas. 6 de ellos ya han sido detenidos, aunque uno resultó liberado por la Justicia. Por eso en su anuncio, Lasso le dedicó una mención especial al Poder Judicial. Aseguró que “a pesar de algunos malos jueces”, el gobierno actuará “con mano dura”. Y es que además, si se pone la lupa sobre la Justicia, entre 2019 y 2022 se abrieron casi 6.500 investigaciones por narcotráfico, pero solo el 15% de esos casos tuvo condenas. Un 6,5% de los casos se cerraron por diversas razones y un 10,6% recibió sentencias por inocencia. El resto de los casos, continúan a la espera.

La situación en las cárceles no es mejor. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que el sistema penitenciario está colapsado. Y otro reporte de Human Rights Watch contabiliza desde febrero de 2021 al menos 400 detenidos fallecidos dentro de las penitenciarías por lucha entre bandas. Este último informe señala el hacinamiento como consecuencia de exceso de prisiones preventivas, que termina derivando en la lucha sangrienta entre bandas. La falta de agentes penitenciarios es otro de los factores clave por los que proliferan con frecuencia los motines.

Para 2023 el Gobierno espera fortalecer el brazo operativo de la policía, incorporando a 1.500 oficiales que ya se graduaron en 2022 y haciendo una nueva convocatoria para 10 mil efectivos más. El objetivo es llegar a contar con 82 mil policías para 2024.

Si los especialistas están en lo correcto, la defensa por mano propia tendrá resultados catastróficos. Si Lasso está en lo correcto, la tasa de homicidio podría descender. Lo cierto es que hay consenso en la necesidad de plantear políticas de seguridad más profundas, y muchos apuntan a una necesidad de reforma legislativa.