Medios israelíes informaron que este miércoles comenzaron las obras de excavación para la construcción de un foso de 170 metros que alojará cocodrilos en el presidio de Ketziot, en el sur del país, con el objetivo de reforzar la seguridad y evitar fugas de reclusos palestinos, incluidos miembros de Hamás. La iniciativa se puso en marcha tras la aprobación de una resolución ministerial que reclasificó a estos reptiles como "fauna criada en cautiverio" apta para uso en recintos penitenciarios.
El Ministerio de Seguridad Nacional destinó un presupuesto de alrededor de u$s7.000.000 para este proyecto que busca aliviar la carga de trabajo de los guardias penitenciarios. La ministra de Protección Ambiental, Idit Silman, habilitó el traspaso de la supervisión de los animales desde la Autoridad de Naturaleza y Parques hacia el Servicio Penitenciario de Israel.
Las obras se desarrollan alrededor de uno de los pabellones de máxima seguridad que alberga a detenidos capturados luego del ataque del 7 de octubre de 2023. La oficina del ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir confirmó que la iniciativa cuenta con un plan integral que contempla la formación del personal penitenciario y los mecanismos de cuidado para los depredadores.
Desde el gobierno defendieron la efectividad de la medida como una herramienta de disuasión ante el hacinamiento carcelario. En ese sentido, el Ministerio de Seguridad Nacional sostuvo de forma oficial que "todo aquel que ha matado, cometido masacres, violado y se ha comportado como un animal merece que le vigile un animal como él".
Expertos jurídicos y ambientalistas cuestionan la eficacia del proyecto
La propuesta gubernamental generó un fuerte rechazo en la Autoridad de la Naturaleza y Parques de Israel, organismo que advirtió sobre la falta de fundamentos científicos o técnicos para el uso de estos depredadores en cárceles. La institución remarcó que "se supone que debemos proteger a estos animales, no que ellos nos protejan a nosotros".
A las objeciones biológicas se sumaron las alertas de especialistas en derecho sobre la fragilidad legal de la normativa aprobada. Varios analistas indicaron que la modificación reglamentaria implementada por el Poder Ejecutivo requeriría una ley específica debatida y sancionada por la Knéset.
Pese a los cuestionamientos por el riesgo de escapes y ataques hacia los propios guardias, las autoridades mantienen la ejecución del foso en el desierto. La ministra Silman justificó la decisión ministerial al señalar que la administración actual busca "hablar el lenguaje que entienden nuestros enemigos".