En medio de la crisis presupuestaria en las universidades, varios diputados opositores al gobierno de Javier Milei presentaron un proyectos para garantizar el financiamiento docente universitario.
Los proyectos incluyen aumentos salariales para que los salarios de los trabajadores universitarios estén por encima de la inflación.
En medio de la crisis presupuestaria en las universidades, varios diputados opositores al gobierno de Javier Milei presentaron un proyectos para garantizar el financiamiento docente universitario.
Por un lado está el proyecto del diputado de Unión por la Patria Pablo Carro, cuya propuesta busca garantizar la estabilidad presupuestaria, con mecanismos de actualización de las partidas para el funcionamiento y el pago de salarios docentes y no docentes.
Un proyecto similar presentaron los diputados nacionales Danya Tavela, de Democracia para Siempre, y Maximiliano Ferraro, de Coalición Cívica, con firmas de todo el espectro de la oposición dialoguista.
La iniciativa presentada por Carro instruye al Poder Ejecutivo nacional a "actualizar las partidas presupuestarias del año 2025 a fin de garantizar el financiamiento de las Universidades Nacionales".
La actualización de la partidas presupuestarias para los gastos de funcionamiento debe realizarse mediante ajustes bimestrales y es retroactiva al 1 de enero del 2025.
En tanto, el Poder Ejecutivo debe recomponer "los salarios docentes y no docentes del Sistema Universitario Nacional, a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la presente ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho período".
A partir de esa base, con los salarios ya recompuestos, "se negociarán las paritarias a nivel general del sector docente y no docente". La responsabilidad de actualizar partidas no se agota en gastos de funcionamiento y salarios de las distintas universidades nacionales públicas repartidas en todo el país, sino que abarca también a los hospitales universitarios, programas de extensión universitaria, de Ciencia y Técnica, escuelas preuniversitarias, etcétera.
La iniciativa de UxP plantea la intervención de la Auditoría General de la Nación (AGN) para el control del cumplimiento de las disposiciones de la norma, y tendrá la tarea de remitir informes periódicos al Congreso.
Del mismo modo, el proyecto también exige la ampliación anual y progresiva del monto de las becas estudiantiles, actualizado con índices no menores al IPC sobre la base de las ejecuciones del año 2023.
La iniciativa de Tavela y Ferraro propone la recomposición automática de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales y de los salarios docentes y no docentes, al tomar como base la inflación acumulada entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024 y una fórmula mixta de actualización para este año.
Esta fórmula toma como principal parámetro indexatorio la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y establece ajustes trimestrales combinando inflación (50%), variación del tipo de cambio oficial para importaciones (25%) y tarifas de servicios públicos (25%).
El texto también prevé la convocatoria a paritarias para docentes y no docentes universitarios dentro de los cinco días posteriores a la sanción de la ley, con el fin de recomponer los salarios en base a la inflación acumulada.
Asimismo, se propone actualizar los programas de becas estudiantiles por inflación desde diciembre de 2023 y establecer mecanismos automáticos de actualización para evitar que pierdan poder adquisitivo.
Por otra parte, el proyecto también otorga un rol protagónico a la AGN, que deberá remitir al Congreso informes de seguimiento y control sobre el uso de los fondos.