Las generadoras de electricidad rechazaron el plan de pago de deudas del Gobierno

La deuda de las generadoras energéticas, que entre diciembre y enero era por unos $600.000 millones, ya asciende más del doble de ese monto: contabilizando febrero, los compromisos son de más de $1 billón de pesos, sin contar el próximo vencimiento de marzo.

La propuesta gubernamental, dispuesta a través de la Resolución 58/2024 de la Secretaría de Energía publicada este miércoles en el Boletín Oficial, consiste en cancelar la deuda por subsidios energéticos, que en el documento oficial se reconoce que a fines de abril alcanzaba $1.074.258.000.000, con una quita del 50% mediante la entrega de un bono en dólares (AE38) para diferir los montos vencidos correspondientes a diciembre y enero.

La normativa establece "un régimen de pagos excepcional, transitorio y único para el saldo de las transacciones económicas del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de diciembre de 2023, enero de 2024 y febrero 2024 correspondiente a los Acreedores del MEM con el objeto de restablecer la cadena de pago de las transacciones económicas corrientes y con ello preservar el abastecimiento del servicio público de electricidad, ante el déficit de los recursos disponibles en el Fondo de Estabilización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y la emergencia declarada por el Decreto N° 55 del 16 de diciembre de 2023 y el Decreto N° 70 del 20 de diciembre de 2023".

El Ejecutivo consideró que "en el marco de la emergencia energética, económica, financiera y tarifaria declarada, y ante el déficit sostenido y permanente del Fondo de Estabilización, resulta necesario generar un instrumento regulatorio que promueva, en forma simultánea, la normalización de las transacciones del MEM y el ordenamiento de su flujo de fondos mediante su cancelación; y la reducción del déficit fiscal".

Asimismo, sostuvo que el régimen "no ocasiona una lesión al derecho de propiedad de los agentes acreedores, por tratarse de un diferimiento de pago que no altera de manera definitiva sus derechos, por cuanto resulta transitorio, excepcional y limitado en el tiempo".

El plazo original para realizar dicho relevamiento fue fijado en dos días hábiles desde la publicación del documento oficial. Sin embargo, se extendió a cinco días hábiles.

Las generadoras de electricidad rechazaron el plan de pago de deuda del Gobierno

Entre otras de las explicaciones, la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Ageera) detallaron diferentes puntos donde justificaron su rechazo:

• Impacta en los compromisos financieros asumidos por algunos Generadores con quienes otorgaron financiamiento para desarrollar las inversiones en sus respectivas centrales.
• Implica una quita adicional en la remuneración de los generadores que venden su energía al Spot en pesos, la cual ya se ha visto desvalorizada fuertemente por la elevada inflación de los últimos meses
• Afecta en forma directa los programas de operación, mantenimiento e inversión en generación, incrementando innecesariamente el riesgo del sistema eléctrico, en particular a las centrales que venden su energía al Spot, en pesos y a precios desactualizados
• Resulta una alteración a contratos adjudicados en procesos licitatorios públicos, lo que genera un precedente que desalentará nuevas inversiones, como ya sucedió en el pasado
• Compromete la responsabilidad de CAMMESA y del Estado Nacional (Secretaría de Energía), en tanto la misma afectaría derechos adquiridos de los Agentes Generadores, los cuales forman parte de su propiedad
• Afecta la seguridad jurídica en general, y de manera particular en el MEM, lo cual resulta de extrema gravedad ya que sería la primera oportunidad desde la creación del MEM, en la que la Administración Pública modifica unilateralmente contratos de abastecimiento.
• La deuda de las generadoras energéticas que entre diciembre y enero era por unos $600.000 millones, y si se suma febrero, los compromisos ascienden a más de $1 billón de pesos y marzo se encuentra próximo a vencer.

En este sentido, destacaron que "una modificación unilateral, tanto en los contratos como en los demás derechos adquiridos, repercutiría fuertemente en el mercado eléctrico y las señales para inversión futura, así como en la credibilidad financiera de las empresas, del mercado y del país".

"De esta manera, un problema financiero del mercado energético se convertiría en un incumplimiento del Estado Nacional, fuerte signo de falta de seguridad jurídica” indicaron.

Por último, las generadoras aseguraron que "esta situación afecta el desarrollo normal de nuestra actividad y compromete críticamente la continuidad operativa del Sistema Argentino de Interconexión (SADI)".