El Gobierno prepara el terreno para la privatización de AySA

El Gobierno prepara la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la empresa pública encargada de proveer agua potable y cloacas a la Ciudad de Buenos Aires y a 26 partidos del conurbano bonaerense, con la aprobación del texto ordenado del "Marco Regulatorio" que implementa modificaciones en su reglamento.

La medida se implementó a través del Decreto 805/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei y todo el Gabinete.

El texto recuerda que la Ley Bases declaró a la empresa "sujeta a privatización", y que este proceso "deberá desarrollarse de conformidad con los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, gobierno abierto, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos, publicidad y difusión".

Además, repasa que el proceso de traspaso se inició en agosto de este año y que, en dicho marco, "resulta necesario dar certeza jurídica del contexto normativo que rige la prestación del servicio público a cargo de esa sociedad, se considera indispensable avanzar en la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura".

En esa línea, el nuevo reglamento define que "el Contrato de Concesión podrá prever un régimen de transición a los efectos de permitir una implementación ordenada y progresiva de las disposiciones de este Marco Regulatorio en lo pertinente, por un período no mayor de 5 años, una vez formalizada la privatización, y con el propósito de mantener en todo momento el equilibrio de la ecuación económico financiera del Contrato de Concesión".

La privatización de AySA

En agosto, a través de la Resolución 1198/2025, el Ministerio de Economía instruyó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas –a través de su Unidad Ejecutora Especial Temporaria– a llevar adelante el proceso. También ordenó a la Secretaría de Obras Públicas preparar la documentación técnica y contractual correspondiente, incluyendo el contrato de concesión.

La cartera precisó que la agencia deberá contratar a un banco estatal para la valuación del paquete accionario de AySA, concretar la venta en el plazo de ocho meses y ejecutar todas las medidas necesarias para colocar en los mercados locales las acciones que aún queden en poder del Estado.

Semanas atrás, mediante el Decreto 494/2025 que autorizó la privatización, el Gobierno sostuvo que "la intervención estatal, a través del desarrollo de actividades que pueden ser efectuadas por el sector privado, no ha dado los resultados esperados y ha sido incapaz de brindar una solución eficiente y eficaz en la gestión de los servicios públicos, que no conlleve importantes erogaciones para el Estado Nacional".

De esta manera, el Gobierno avanza con la privatización total de la firma considerando que "para mejorar la prestación del servicio de agua y saneamiento en el área concesionada a AySA se requiere un nivel de inversión en infraestructura que excede las posibilidades de generación de fondos de la referida empresa".

Respecto del 10% del capital restante, se aclaró que continuará en manos de los trabajadores de AySA, dentro del programa de propiedad participada que la compañía ya tiene vigente.

Tras el anuncio de la privatización, diputados de Unión por la Patria presentaron una iniciativa para rechazar los decretos 493/2025 y 494/2025, en los que reforman el sistema de provisión de agua y comienzan el proceso de venta de AySA.