La Aduana exigió que se revoque la cautelar de "urgencia" pedida por la empresa Cityblanco S.A. el pasado mes de noviembre de 2021, con el objetivo de sortear los controles de la AFIP y concretar importaciones de toallas por u$s20 millones. La medida, luego, fue prorrogada hasta mayo de este año.
La autorización judicial, que ya está próxima a cumplir un año, tiene actualmente un remanente de casi 18 millones de libre disponibilidad.
La maniobra, revelada por el propio Sergio Massa en el marco del Council of Americas, fue denunciada por la Aduana, que se presentó ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°8 -que había habilitado a la empresa a sortear el control de la AFIP- solicitando anular la vigencia de la medida cautelar.
La Aduana objeta el "peligro de demora" invocado por la empresa y avalado por la Justicia, ya que solo se efectivizó un valor equivalente a poco más del 10% de lo que había autorizado.
Además, se inició un sumario por posible fraude marcario. La investigación busca determinar si las toallas y el resto de los productos contienen uno o más elementos falsificados que replican una marca sin autorización.
Los resultados son llamativos y replican lo ocurrido con la importadora que cedía sus cautelares a otras marcas: documentación vidriosa, presentaciones incompletas al fisco (que en aquel caso, incluso derivaron en actuaciones de la IGJ, que la consideró una “empresa fantasma”) y la apariencia de una sociedad sin la solvencia para realizar este tipo de operaciones de comercio exterior.