La respuesta de la AFA tras la decisión de la IGJ: "No será sometida a una veeduría ilegítima"

“La pregunta es obligada: Si la veeduría no es una sanción, ¿por qué se funda en “graves irregularidades”? Porque si las irregularidades fueran realmente graves, la IGJ tendría la obligación legal de aplicar sanciones (multas, intervención, cancelación de personería). Pero no lo hace. Dice que “no es una sanción”. Entonces, ¿de qué “gravedad” estamos hablando?“, plantearon en uno de los ítems definidos como ”contradicción insoslayable".

Al hacer referencia al cambio de domicilio fiscal a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, ya aprobada, la AFA describió: “La IGJ insiste en que la sede de Pilar es falsa porque en el predio no hay oficinas. Pero omite mencionar que el cambio de domicilio fue aprobado por la autoridad provincial competente, y que la inscripción en la Provincia es un acto administrativo válido y vigente“.

En el descargo aseguran que hay un “trasfondo político” en dicho accionar: “No se trata de controlar una asociación civil, sino de ejecutar una política pública que busca imponer las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) a través del debilitamiento institucional de la AFA, la principal defensora del modelo de clubes sociales”.

“Señor Inspector General de Justicia: si la veeduría no es una sanción, ¿por qué la presenta como si lo fuera? ¿Por qué habla de “graves irregularidades” si, según sus propios términos, sólo está recolectando información? La respuesta es sencilla: porque no es una medida técnica, es una operación política. Y las operaciones políticas no resisten el control judicial", sentenciaron.