Previo a la marcha universitaria, el Gobierno profundizó el recorte presupuestario a ciencia y educación. Según informó el Grupo epc mediante la Decisión Administrativa 20-2026, "esta decisión disminuye la inversión en ciencia, universidades y diversas áreas, incrementando ANSES y pago de Deuda" en 26 mil millones para la ciencia.
Previo a la marcha universitaria, el Gobierno profundizó el recorte presupuestario a ciencia y educación
Mediante la Decisión Administrativa 20-2026, el Ejecutivo decidió bajar más de $5.000 millones a numerosas universidades en fondos de infraestructura edilicia. Un informe calculó una desinversión de alrededor de "$26 mil millones menos para ciencia" en diferentes áreas como CONICET, CONAE, CNEA y Agencia IDI, entre otros.
Desde el Grupo epc realizaron un hilo en X donde informaron más en detalle el recorte de $2,5 billones sobre partidas del Presupuesto 2026 que afecta varias áreas, principalmente sobre impacta sobre todo en inversión en equipamiento y de manera subsidiaria en transferencias y becas: "El ex MINCyT el que más cae, 11.808 millones, sobre todo equipamiento y biblioteca electrónica. CONICET 2 mil millones menos en becas".
En la CONAE el recorte impacta sobre el "Programa 16 de Ciclos de información completos, bienes de uso", mientras que en CNEA "se nota sobre todo en una disminución de activos financieros enorme (que no está en la FCyT), y lo que sí está es disminución de fondos para equipamiento".
Mientras que para ANLIS, Agencia IDI y el programa antártico, detallaron desde Grupo epc que "los recortan y van limando en pequeñas cuotas, en tanto lo que hacen con INTA e INTI es bastante técnico en lo presupuestario: su presupuesto no decrece pero cae en lo sustancial pasando al inciso 6".
"El total para la función (sin contar la parte de CNEA que no pertenece a ella) es significativo: 26 mil millones. Junto con eso destaca algo que parece una provocación: hay un ajuste del MECON a Universidades Nacionales en planta para infraestructuras del conocimiento", remarcaron.
Las universidades no quedan afuera de los recorten ya que "les bajan 5.303 millones de pesos a numerosas universidades en fondos de infraestructura edilicia. Esto incluye a UNLP, UNSAM, UNRC, UNER, UNL, UNNE, UNDAV, UNPAZ y UNRAF". Desde diciembre de 2023, las Universidades Nacionales acumulan una caída del 37,3% de su presupuesto.
Por último, la Secretaría de Educación "pierde 78.700 millones de pesos. El recorte afecta sobre todo al Plan Nacional de Alfabetización (35 mil millones), el de Infraestructura y equipamiento (21,6 mil) y un saldo del Fondo salarial docente (8,9)".
La universidad pública vuelve a las calles: cuarta marcha federal, con epicentro en Plaza de Mayo
Las universidades nacionales se manifiestan este martes en la cuarta Marcha Federal Universitaria convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con concentraciones en todo el país y epicentro en Plaza de Mayo, donde el acto central será a las 17. Las casas de altos estudios reclaman al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y puesta en suspenso por el Ejecutivo a través de un decreto.
El lema de esta cuarta edición de la movilización es "Marcha federal por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional" y fue acordada por el CIN, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial de docentes y no docentes.
Como en las tres oportunidades anteriores, se espera que se sumen a la marcha no solo las comunidades académicas de cada casa de estudios, sino toda la sociedad que crea en la defensa y la financiación de las universidades nacionales.
Durante los primeros meses del cuatrimestre se realizaron distintas medidas de protesta debido al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno. Desde clases públicas y medidas de fuerza gremiales hasta el "paro a la japonesa" de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires.
Sin embargo, la gestión de Javier Milei no cumple con el proyecto aprobado por el Congreso porque, según su interpretación de la norma, no define fuentes de financiamiento específicas y podría afectar el equilibrio fiscal que defiende el Presidente. La ley autoriza al Ejecutivo a hacer los cambios presupuestarios necesarios para garantizar el financiamiento.
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