Pidieron la detención de Aníbal Lotocki y su esposa por presunta asociación ilícita

La situación judicial del médico cirujano Aníbal Lotocki, más complicada: pidieron su detención y la de su esposa, María José Favarón, por presunta asociación ilícita.

El abogado Roberto Casorla Yalet, que impulsa varias causas por mala praxis contra el médico, realizó la presentación penal donde lo acusa de ser “jefe” y “organizadora” de una “empresa criminal”.

Yalet sostiene además que Favarón "tomaría el rol de organizadora, ya que se encuentra colocada en un rol preponderante, respecto al resto de los nombrados". "Ella es la segunda de Lotocki, sin la cual, no hubiera podido llevar adelante la empresa criminal", subrayó.

Yalet es el abogado del ciudadano brasilero Eduardo Enrique Silva Fiuza sobre quien no se especifica ningún otro dato sobre si es o fue víctima de algún accionar ilegal reprochado a Lotocki.

Lotocki

Los audios de la mujer comprueban las malas condiciones en que operaba el médico.

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"Habida cuenta la pena en expectativa del delito denunciado, en la figura del jefe y de la organizadora, como así los procesos pendientes respecto de la persona de Lotocki, en particular la condena que pesa sobre este último, que impedirán aplicar cualquier instituto procesal alternativo a la prisión preventiva, solicito en el plazo que estime corresponder el Sr. Juez a cargo, se disponga de detención del aquí denunciado y de la Sra. María José Favarón", expresa la denuncia presentada.

"El desprecio por la vida, el fraude hacia las personas, y la falta de conciencia normativa, son los tres elementos comunes de esta asociación criminal", insistió.

Además de Lotocki y su mujer, el escrito señala también a un grupo de colaboradores, identificados como "Claudio Martínez, Oscar Herrera, Rubén Herrera, Fabricio Medina, Dina Molinas y Manuel Martos, como así también, quienes resulten responsables -a posteriori del curso de la investigación- por haber formado parte de una asociación criminal".

Aníbal Lotocki

Todos ellos se encuentra acusados por supuestas "maniobras defraudatorias consistentes en colocar productos no autorizados en el cuerpo de personas, dentro del ámbito nacional e internacional".

Según la denuncia, esas maniobras ocurrieron "inyectando químicos - biopolímeros industriales, cementos y/o siliconas líquidas aprovechando y violando la confianza otorgada por su relación médico-paciente, informando y difundiendo -simuladamente- que se encontraban dentro de los permitidos por las autoridades sanitarias nacionales e internacionales".