Pablo Grillo se presentó como querellante y pidió investigar la cadena de mando del operativo que lo dejó gravemente herido

Pablo Grillo, el fotógrafo que resultó gravemente herido durante una represión en las inmediaciones del Congreso el 12 de marzo de 2025, se presentó formalmente como querellante particular en la causa y pidió que se profundice la investigación sobre la cadena de mando del operativo, que incluyó a jefes de la Gendarmería Nacional y a funcionarios del Ministerio de Seguridad.

“Vengo a presentarme como querellante particular, en función de la evolución de mi cuadro de salud y que me encuentro en mejores condiciones de asumir y ejercer los derechos que el Código de Procedimiento me reconoce en tanto víctima directa de los delitos”, señaló Grillo en el escrito que firmó desde el Hospital Manuel Rocca, donde continúa con su rehabilitación. La presentación fue ingresada este martes en el Juzgado Federal N°1 a cargo de María Servini.

En el mismo escrito, Grillo aclaró que su incorporación a la causa no desplaza a sus padres y a su hermano, quienes seguirán actuando como representantes legales. “No me encuentro plenamente recuperado y necesito que ellos conserven su lugar”, sostuvo. Se presentó con el patrocinio de las abogadas Claudia Cesaroni y Agustina Lloret.

La querella solicitó que se investigue la responsabilidad penal de distintos jefes de la Gendarmería Nacional, al considerar que, por acción u omisión, contribuyeron al accionar del cabo primero Héctor Jesús Guerrero, procesado por haber efectuado al menos seis disparos con una pistola lanzagases en ángulo horizontal y en dirección a los manifestantes, una práctica expresamente prohibida por los protocolos.

Según el procesamiento —confirmado por la Cámara—, el cuarto de esos disparos impactó en la parte frontal de la cabeza de Grillo y le provocó gravísimas lesiones encefalocraneanas. Para la querella, si los funcionarios que debían supervisar el operativo hubieran intervenido ante los primeros disparos, “hoy Pablo estaría completamente sano y salvo”.

En ese marco, el escrito señala a los jefes de grupo Hernán Ariel Kozak y Jorge Luis Reyes, quienes se encontraban cerca de Guerrero durante el operativo. Lejos de corregir su accionar, “fueron quienes le indicaron que dispare en dirección a los manifestantes”, y uno de ellos incluso lo felicitó tras un disparo prohibido, según surge de los registros fílmicos incorporados a la causa.

También se pidió investigar al comisario inspector de la Policía Federal Gerardo Ariel Perillo Scampini, quien actuó como fiscalizador del operativo y tenía el deber de controlar a los efectivos en el terreno; al jefe del Destacamento Móvil 6, comandante principal Néstor Germán López; y al jefe del Primer Escuadrón Contradisturbios, alférez Gonzalo Gabriel Goulart, quien impartía órdenes directas a los únicos dos gendarmes que portaban pistolas lanzagases ese día.

La presentación también apunta al director nacional de la Gendarmería, Claudio Miguel Brilloni. Según la querella, su llegada al lugar, luego de que Grillo ya había sido herido y asistido por una ambulancia del SAME, no implicó una moderación del accionar represivo, sino que coincidió con un recrudecimiento de la violencia. Incluso, Guerrero volvió a recargar su arma y siguió disparando, sin que ningún superior ordenara el cese.

Además, la querella reclamó que se investigue a la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, así como a los responsables de haber cerrado sin fundamentos la investigación administrativa interna contra Guerrero. Entre ellos, el comandante de la Región I, Marcelo Porra Melconian; el comandante mayor Barresi; y el asesor jurídico José Carlos Lodolo.

El escrito repasa las declaraciones públicas de Bullrich sobre el caso, a las que acusa de intentar instalar “una versión falsa de lo ocurrido”, pese a la existencia de pruebas y resoluciones judiciales en sentido contrario. “Responsabiliza a la víctima y genera angustia en Pablo y su familia”, señalaron los abogados.

Según la querella, la ex ministra buscó sostener un trato diferencial para los efectivos a su cargo y condicionar las valoraciones judiciales futuras, al tiempo que avaló el cierre exprés del sumario interno. “No movió ni moverá al cabo Guerrero porque, para ella, actuó bien”, remarcaron, a pesar de que el gendarme está procesado por seis hechos graves y su causa avanza hacia un juicio oral.

Entre las irregularidades de la investigación administrativa, la presentación destaca la construcción de una narrativa corporativa, la desresponsabilización del autor del disparo, la culpabilización de la víctima y el cierre prematuro del expediente “como método para garantizar la impunidad”.

Por todo ello, Grillo pidió que la causa no se limite al autor material del disparo y avance sobre las responsabilidades políticas, operativas y jerárquicas detrás del diseño, la conducción y el control del operativo, así como sobre los intentos de encubrir lo ocurrido.