Ni Una Menos: las deudas pendientes de la Justicia para prevenir la violencia de género

El movimiento Ni Una Menos surgió en 2015 como respuesta a las violencias que las mujeres sufren en todos los ámbitos y que tienen su mayor expresión en los femicidios. Aunque se lograron avances en los últimos ocho años, en el mismo periodo se registraron 2554 víctimas y la Justicia sigue siendo lenta para proteger a las personas que denuncian.

Las políticas públicas que se desarrollaron desde la primera movilización del Ni Una Menos fueron muchas y variadas. A nivel institucional, uno de los hitos más importantes fue la creación en 2019 del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que en tres años y medio de gestión asistió a más de 1.650.000 mujeres y personas LGTBI+ en situación de violencia o vulneración de sus derechos.

"Las políticas públicas que se han consolidado más son aquellas que surgieron a partir de la gran demanda del primer Ni Una Menos, que eran también las respuestas de carácter integral frente a las violencias de género", manifestó a C5N.com la subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género del Ministerio de Mujeres, Laurana Malacalza.

"La prevención de las violencias es uno de los ejes fundamentales de la asistencia. No solo en la emergencia, sino en un Estado presente con políticas públicas que puedan ir respondiendo a la vulneración de derechos en sus múltiples dimensiones", destacó. Este abordaje integral se reflejó en el segundo Plan Nacional de Acción contra la Violencia por Motivos de Género 2022-2024 (PNA).

Entre otras acciones, desde el Estado se impulsó la Ley Micaela, que obliga a todos los funcionarios públicos a formarse en perspectiva de género, y se creó el Programa Acompañar, que otorga un subsidio económico y apoyo psicosocial a quienes están pasando por una situación de violencia de género.

"La articulación que se fue dando a partir del Consejo Federal de Femicidios entre los poderes ejecutivos y los ministerios de Justicia permitió ampliar la llegada de las pulseras duales, la creación de apps de seguridad que incluyen botones antipánico y otras que incluyen monitoreo", detalló Malacalza.

"A 8 años del primer Ni Una Menos hay políticas de género que de alguna manera cristalizan parte de la agenda, pero todavía nosotras observamos que se conservan muchos problemas estructurales que denunciamos desde el año 2015", señaló Luci Cavallero, integrante del colectivo Ni Una Menos, en diálogo con C5N.com.

Para la especialista en finanzas y género, una cuestión pendiente tiene que ver con la autonomía económica de las víctimas de violencia, en especial en un contexto de inflación y depreciación de los ingresos. Muchas mujeres que son sostén de hogar manifiestan que no pueden mantener un alquiler o incluso acceder a él.

Otro aspecto importante es la actuación del Poder Judicial, que según Cavallero "no se ha mostrado permeable a los cambios institucionales" que produjo el feminismo. "Hoy los familiares de víctimas de femicidio tardan en promedio 7 años en tener alguna respuesta de la Justicia. Los procesos son revictimizantes para quienes denuncian violencia de género, que tienen que estar probando todo el tiempo que lo que dicen es verdad", explicó.

"Por parte del Estado Nacional todavía no observamos, por ejemplo, que proporcione patrocinio jurídico gratuito de forma masiva para quienes quieren hacer una denuncia por violencia de género. Todavía hay muchos problemas para que los sectores populares puedan acceder a la justicia", agregó.

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Ni Una Menos: la necesidad de una reforma feminista de la Justicia

Para solucionar la cuestión del acceso a la justicia, desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad se impulsó el Programa Acercar Derechos (PAD). Se trata de 50 equipos interdisciplinarios conformados por abogados, psicólogos y trabajadores sociales que asisten a mujeres en situación de violencia de género y ya abordaron más de 21.000 casos.

Un relevamiento nacional del que participaron abogados, abogadas y coordinadores del PAD mostró que el principal problema con el que se encuentran las víctimas es la demora excesiva en la respuesta del sistema de Justicia, que afectó a un 86% de las mujeres y personas LGTBI+ que denunciaron violencia física.

Otros obstáculos son la falta de investigación o archivo de causas (en el 70% de los casos), el maltrato hacia las mujeres y/o personas LGBTI+ por parte de funcionarios judiciales (44%) y la connivencia entre funcionarios judiciales y varones denunciados por violencia (30%).

En el caso de las medidas de protección, a la demora excesiva (50% de los casos) se suma que no son efectivas (82%) y la víctima debe ocuparse de solicitar e impulsar la prórroga o una nueva orden cuando la anterior se vence (78%). En el 48% de los casos no se establece la exclusión del hogar del agresor, el secuestro del arma reglamentaria u otras medidas más efectivas.

Aunque la mayoría de las víctimas (52%) demora apenas entre dos y cinco horas en denunciar una situación de violencia de género, en el 66% de los casos la Justicia tarda más de 24 horas en otorgarles medidas de protección.

"Hay que seguir sosteniendo la calle y las instancias de organización, tener cada vez mayores escalas de organización y que el cambio resulte inevitable para la Justicia. Que podamos efectivamente transformar ese ámbito y democratizarlo, que el feminismo pueda actuar como un vector de democratización de la justicia", señaló Cavallero desde el colectivo Ni Una Menos.

Ni Una Menos, ocho años después: el camino que falta recorrer

Malacalza consideró que a futuro "falta seguir profundizando estas políticas públicas, sobre todo las políticas de prevención; seguir articulando y generando compromiso con el sector privado, con los medios de comunicación, las empresas que publicitan muchas veces desde sesgos sexistas; y seguir profundizando la articulación entre Poder Judicial y Poder Ejecutivo para las medidas de prevención de violencias letales", sostuvo.

Según datos del Observatorio de Femicidios "Adriana Marisel Zambrano", coordinado por la asociación civil La Casa del Encuentro, entre el 3 de junio de 2015 y el 28 de mayo de 2023 se produjeron 2282 femicidios, 58 trans/travesticidios y 214 femicidios vinculados de varones y niños. En 2022 se registró una víctima cada 29 horas.

"La cifra de femicidios se mantiene relativamente estable a lo largo de estos años y esto tiene que ver con que estamos hablando de una violencia estructural", explicó Cavallero. "Pero no hay que mirar solamente esa cifra, sino que el índice de eficacia del movimiento (Ni Una Menos) también tiene que ver con un proceso de politización, es decir, de pensar qué cambió desde el 2015 hasta ahora", destacó.

"Por ejemplo, en las relaciones interpersonales y la aparición de espacios de género en sindicatos, universidades, escuelas. Hay que pensar cómo el proceso de politización influye previniendo la violencia de género, cambiando las relaciones sociales", concluyó.