Masacre de Wilde: piden prisión perpetua para los expolicías acusados

Para Simón existió entre los imputados un “acuerdo previo para matar entre todos”, ya que la prueba demuestra que “se organizaron con medios, vehículos, armas de fuego y cantidad de participantes para consumar la muerte y ejecutar a las víctimas”, a las que emboscaron en la zona de Wilde.

“La acción de cada imputado no es de un mero participe sino de los que mantienen dominio sobre el hecho”, señaló la representante judicial y calificó el hecho como “un ataque múltiple a cinco seres humanos realizado ordenadamente y siguiendo un plan previamente acordado”.

Los acusados, los excomisarios Roberto Mantel y Eduardo Gómez; el exoficial Osvaldo Lorenzón; los exsubtenientes Marciano González y Pablo Dudek; y los exoficiales Julio Gatto y Marcelo Valenga, llegaron al debate en libertad y acusados de asesinar a Edgardo Cicutín, Roberto Corbo, Gustavo Mendoza y Enrique Bielsa y de intentar matar al único sobreviviente Claudio Díaz.

La funcionaria del Ministerio Público Fiscal pidió que de ser condenados todos queden “inmediatamente detenidos”.

La Masacre de Wilde

Ocurrió el 10 de enero de 1994 donde murieron el remisero Norberto Corbo y sus pasajeros, Gustavo Mendoza y Eduardo Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505, además del vendedor de libros Cicutín, que se trasladaba en un Dodge 1500, conducido por Díaz, el único que sobrevivió.

Los cinco fueron atacados a tiros por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús que al parecer los confundieron con delincuentes y les dispararon cerca de 200 veces clon pistolas calibre 9 milímetros y al menos un subfusil Uzi.

Todos los exefectivos afrontan cargos por los delitos de “cuádruple homicidio simple y un homicidio simple en grado de tentativa”, por la única víctima del ataque que sobrevivió.

En principio, los policías que intervinieron en el hecho fueron detenidos, aunque la Cámara de Apelaciones y Garantías los sobreseyó y liberó.

Además de quienes llegaron a juicio, estaban imputados el comisario César Córdoba, Carlos Saladino y Hugo Reyes, (ya fallecidos), todos integrantes de la brigada cuyo subjefe era el entonces comisario y actual abogado Juan José Ribelli, procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA y quien no estaba en el país cuando ocurrió el hecho.

Tras apelaciones de familiares de las víctimas, en 2003 y en 2007 volvieron a ser sobreseídos por la misma medida. Sin embargo, la causa siguió su curso hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que en 2013 ordenó reabrir el expediente y anular los sobreseimientos.