En Argentina, más de una década después de otorgar jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los datos muestran que aún persisten profundas desigualdades. Según el último dato consolidado en el Censo 2010, el 12,9% de la población declaró tener alguna dificultad o limitación permanente, lo que equivale a más de cinco millones de personas. El Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad (2018) señaló que el 10,2% de la población de seis años o más enfrenta alguna dificultad, con una prevalencia que crece exponencialmente en la vejez: casi la mitad de los mayores de 80 años conviven con una discapacidad.
En paralelo, el Registro Nacional de Personas con Discapacidad contabilizaba en julio de 2023 más de 1,5 millones de personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD). Este documento, de validez nacional y emisión gratuita, es la llave de acceso a derechos fundamentales: cobertura total en prestaciones de salud, tratamientos, medicaciones y rehabilitación, transporte público gratuito, asignaciones familiares y beneficios fiscales, entre otras. Desde 2023, además, se emite sin vencimiento, lo que constituye un avance clave en materia de simplificación y garantía de derechos.
Sin embargo, las estadísticas también reflejan la deuda pendiente en inclusión laboral: apenas el 12,6% de las personas con CUD declararon tener empleo al momento de su certificación.
En este contexto, el movimiento de personas con discapacidad y sus familias protagonizó una masiva movilización social que desembocó en la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793), el 10 de julio de 2025. La norma, que rige hasta diciembre de 2027, busca garantizar el acceso a la salud, la educación, el empleo y la protección social. Para referentes del sector, como Laura Lavega quien junto a su esposo tienen un hogar para personas con discapacidad en Quilmes, su aprobación fue una conquista histórica. Sin embargo, persiste la preocupación por un posible veto presidencial que pondría en riesgo la implementación efectiva de estas medidas.
Lavega, referente por los derechos de las personas con discapacidad, ha sido una de las voces más firmes en este debate. A través de sus intervenciones públicas y sus campañas informativas, insiste en que el veto sería un retroceso inaceptable: “Se trata de asegurar derechos básicos y de garantizar calidad de vida a millones de personas y sus familias. No se puede retroceder en lo que costó tantos años de lucha” afirmaba en una entrevista radial.
La vigencia de la Ley de Emergencia, junto con la plena aplicación del CUD, constituye hoy un punto de inflexión para el colectivo de personas con discapacidad en la Argentina. Los próximos meses serán decisivos para confirmar si el país avanza hacia una sociedad más inclusiva o si las conquistas alcanzadas quedan en suspenso.
Para más información y actualizaciones sobre la Ley de Emergencia y el CUD, se puede seguir a Laura Lavega en Instagram:@lauralavega_ok.
