La inesperada coincidencia entre los rugbiers del caso Báez Sosa y los detenidos por el asesinato de Pérez Algaba

El juez Sebastián Monelos rechazó las excarcelaciones de los siete imputados por el crimen del empresario Fernando Pérez Algaba, quien fue encontrado descuartizado dentro de una valija en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge y fueron trasladados a la Alcaldía 3 de Melchor Romero, que es el mismo lugar en el que se encuentran alojados los rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa.

A Maximiliano Pilepich, Nahuel Vargas, Luis Contrera, Flavia Bomrad, Fernando Carrizo, Matías Gil y Horacio Córdoba se los imputó como coautores del delito de "homicidio triplemente agravado por ser cometido con alevosía, por codicia y por ser cometido por el concurso premeditado de varias personas, ello con el uso de arma de fuego en con curso real con falso testimonio".

Además, a Pilepich, Vargas, Contrera y Bomrad se les agregó el "falso testimonio". Monelos le concedió la libertad a Gladys Cristaldo, quien fuera acusada del "encubrimiento agravado por tratarse el hecho anterior de un delito especialmente grave" después de haber sido detenida en el mismo hogar en el que se ocultó Pilepich, quien es uno de los sospechosos principales de asesinar a Pérez Algaba.

El magistrado, en sus argumentos, explicó que los imputados "tratarán de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación", basándose en el "'modus operandi' realizado, la desaparición y/o ocultamiento de medios de prueba", "a peligrosidad y despliegue de medios demostrada por los mismos en la comisión de los hechos", junto al falso testimonio, lo que para el juez representó "un claro indicio de entorpecimiento probatorio".

El hábeas corpus presentado por las abogadas de Vargas

Las abogadas defensoras de Vargas, Lorena Blanco y Celeste Schenfeld, habían presentado un hábeas corpus para que el imputado no se encuentre en la misma celda que Pilepich y Córdoba, después de que se hayan enterado de que los tres se encontraban en una celda de la Delegación Departamental de Investigaciones de Avellaneda.

Las letradas argumentaron que se debe tener un resguardo por "la integridad física y piscológica" de Vargas porque "su declaración versa en contra los demás imputados en la causa", y que "trabajó 16 años en la Policía Federal Argentina".

"En la DDI de Avellaneda no solo se encuentra en una celda junto a cinco personas más, sino que además allí se encuentra el principal acusado Maximiliano Pilepich y el imputado Horacio Mariano Córdoba, policía de la Ciudad de Buenos Aires, y por el que mi defendido ha declarado en contra de ellos en el marco de la causa", expresaron las abogadas.