La Fiscalía declaró como procedente el decomiso del avión iraní-venezolano solicitado por Estados Unidos

La aeronave, por su parte, permanece secuestrada e incautada en Argentina en el marco de una investigación que encabeza la justicia federal de Lomas de Zamora.

De acuerdo con lo que publicó el Ministerio Público Fiscal, "las partes se comprometieron a brindarse asistencia mutua y, entre los supuestos previstos, se encuentra específicamente establecida la cooperación en la ejecución de solicitudes de registro, embargo y secuestro. Señalaron también que la ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal establece que Argentina prestará a cualquier Estado que lo requiera 'la más amplia ayuda relacionada con la investigación, el juzgamiento y la punición de delitos que correspondan a la jurisdicción de aquél y que si existiera un tratado entre el Estado requirente y la República Argentina, sus normas regirán el trámite de la ayuda'".

Asimismo los pedidos de asistencia fueron presentados junto con una orden de decomiso final del Boeing firmada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia y con el detalle de la normativa vigente que había sido vulnerada.

En la presentación también se explica que el pedido de decomiso se basa en “múltiples transferencias no autorizadas de custodia y/o control de la aeronave en cuestión, dado que la aerolínea iraní Mahan Air hizo una transferencia del Boeing a la aerolínea venezolana EMTRASUR, empresa que reexportó el Boeing a destinos que incluyen Irán y Rusia, lo que habría ocurrido en violación de la ley estadounidense, específicamente la Ley de Reforma del Control de Exportaciones de 2018, sección 4801 y siguientes del título 50 del Código de los Estados Unidos”.

Desde la Fiscalía remarcaron que no existen en el caso causales de denegación del pedido.

“De este modo, dado que la requisitoria es formalmente admisible y no observada por la Autoridad Central de nuestro país, resulta imperativo dar cumplimiento al compromiso asumido por el Estado Argentino al suscribir el Tratado. Actuar en sentido contrario podría implicar la responsabilidad internacional de la República Argentina, tal como lo afirmara nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación: 'El mantenimiento de condiciones no previstas convencionalmente podría determinar la responsabilidad del Estado Argentino por el incumplimiento de sus deberes de cooperación y asistencia jurídica internacionales en materia de represión del delito y el apartamiento del principio de buena fe que debe regir la actuación del Estado Nacional en orden al fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y demás fuentes del derecho internacional'", concluye el documento.