Hospitales Universitarios: la UBA denuncia que recibirán 30% menos de presupuesto que en 2025

Mediante una resolución del Consejo Superior de la UBA se expresó la extrema preocupación por la propuesta del Ejecutivo Nacional de derogar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada recientemente por el Congreso y la caída de los salarios de sus trabajadores docentes, no-docentes y científicos, que ya perdieron casi la mitad de su poder adquisitivo en los últimos dos años.

El “brutal recorte” que se intenta imponer a los centros de salud universitarios alcanza a instituciones clave como el Hospital de Clínicas, el Instituto de Oncología Ángel Roffo y el Instituto Lanari, que atienden históricamente a más de 700 mil de pacientes al año.

La UBA manifestó su extrema preocupación por la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada recientemente por el Congreso Nacional y la caída de los salarios de sus trabajadores docentes, nodocentes y científicos, que ya perdió casi la mitad de su poder adquisitivo en los últimos dos años.

También denunció un “brutal recorte” en el presupuesto 2026 de sus Hospitales Universitarios que implicará recibir un 30% menos de fondos que en 2025. Estos datos se desprenden del dictamen parlamentario impulsado por el Gobierno para el Presupuesto Nacional 2026. De prosperar esta medida, se verán afectadas instituciones clave en la salud pública como el Hospital de Clínicas General San Martín, el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo y el Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari, todos dependientes de la Universidad de Buenos Aires, y que atienden en promedio a más de 700 mil pacientes por año.

Se pone en riesgo la calidad educativa, formación profesional y el sostenimiento de servicios

El Consejo Superior, principal órgano de gobierno de la Universidad de Buenos Aires, alertó que el insuficiente aumento nominal previsto para gastos de funcionamiento y la persistencia de la pérdida salarial proyectada para 2026 profundizan el “ahogo presupuestario” y ponen en riesgo la calidad educativa, la formación profesional y el sostenimiento de servicios esenciales, particularmente en el área de la salud.

La UBA recordó que declaró la emergencia presupuestaria y reiterado la emergencia salarial de sus trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes, debido a la desactualización de las partidas asignadas y a la sostenida pérdida del poder adquisitivo de los salarios, que supera el 45% en comparación con diciembre de 2023.

La resolución también rechaza la derogación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario, Ley 27.795, incluida en el proyecto de Presupuesto Nacional, y advierte que su eliminación “agravaría aún más” la situación crítica que atraviesan las Universidades Nacionales.

Por todo ello, el Consejo Superior de la UBA solicitó a la Cámara de Diputados de la Nación “el rechazo y/o modificación de dicho dictamen y la aprobación de una propuesta que contemple las necesidades reales de las Universidades Nacionales y la implementación plena de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario”.

La solicitud fue extendida también a la Cámara de Senadores de la Nación, en el marco del trámite legislativo correspondiente.