Fue filmado teniendo sexo en su oficina, lo echaron y demandó a su empleador por u$s230 mil

Un ingeniero informático y funcionario de la Municipalidad de Vicatura, en Santiago de Chile, fue despedido después de que se viralizara un video suyo teniendo sexo en una de las oficinas de la sede pública. Pero, ahora, el trabajador demandó al Estado por u$s230 mil por despido injustificado.

El hecho ocurrió la noche del 25 de junio pasado y tuvo gran repercusión en los medios chilenos, ya que el video se volvió viral y alcanzó unas 28 millones de reproducciones en TikTok. En aquel entonces, el extrabajador municipal, quien tuvo sexo con una persona cuya identidad jamás se conoció, fue filmado por un grupo de jóvenes que se encontraba en un skatepark lindero.

Carolina Gallo, la joven que filmó el video, contó que "todo comenzó cuando una de mis amigas miró hacia arriba y vio en la ventana cómo la chica se bajaba los pantalones y comenzaron el acto. Fue demasiado mecánico y debe haber durado como cinco minutos máximo. Luego, ella se paró y se fue. Había más gente en el mismo piso de la oficina", detalló.

El tema volvió a estar en el centro de la escena pública, ya que el trabajador despedido demandó, a mediados de diciembre pasado, a la Municipalidad de Vicatura por su desvinculación tras nueve años de servicio.

"Durante los nueve años de prestación de servicios en la Municipalidad de Vitacura, mantuve una evaluación de excelencia e intachable con nota 7, cumpliendo de forma íntegra con todas las tareas”, sostiene la demanda. Según argumenta en el documento, su despido fue "absolutamente ilegal, con numerosas arbitrariedades cometidas durante su instrucción, tanto por el fiscal actuante como por la propia alcaldesa, doña Camila Merino Catalán”.

Los abogados del trabajador alegaron que la alcaldesa informó de manera pública la decisión de apartarlo de sus funciones antes de que el sumario estuviese cerrado, “afectando con ello, subjetiva y objetivamente, las defensas que pudiera oponer en el procedimiento disciplinario, mi salud psíquica y dañando efectivamente mi honra”.

Por esta situación, el hombre aseguró que sufrió “daño psicológico y emocional derivado del estado de constantes tratos vejatorios, (afectando) notablemente mi autoestima y estabilidad emocional, generándome miedo, estrés y trastornos de ansiedad generalizados”.

Además de la indemnización, el ingeniero exigió que el municipio publique una declaración en los medios de comunicación nacionales en la que se admita la afectación de su "integridad psíquica" y que la alcaldesa Catalán asista a una capacitación sobre vulneración de los derechos de los trabajadores.