El intendente de la ciudad misionera de Caraguatay, Mario Darío Peyer, enfrenta una denuncia por presunto abuso sexual con acceso carnal y amenazas contra una empleada de 31 años. La causa judicial se tramita en el Juzgado de Instrucción número uno de Puerto Rico, bajo la atenta mirada del gobernador Hugo Passalacqua.
Escándalo en Misiones: denuncian a un intendente por abuso sexual contra una empleada municipal
La Justicia investiga a Mario Peyer por presunta violación y amenazas hacia una trabajadora del Concejo Deliberante en la localidad de Caraguatay. El gobernador Hugo Passalacqua le habría solicitado al implicado que se tome una licencia tras la grave acusación.
Tal como lo informó la agencia Noticias Argentinas, el acusado de 47 años es el mandatario del pequeño municipio. La denunciante relató que los hechos ocurrieron en julio de 2023, cuando ella retomó sus tareas laborales luego de finalizar su periodo de licencia por maternidad.
La presentación judicial indica que Peyer cerró la puerta con llave para arrinconar a la mujer antes de golpearla con fuerza. Luego, el funcionario le tapó la boca y la sometió sexualmente dentro de la oficina ubicada dentro del Concejo Deliberante. La víctima guardó silencio durante meses por temor a represalias laborales.
La acusación formal también señala que el funcionario amenazó a la hija de 11 años de la presunta víctima desde una camioneta. Por este motivo, la mujer decidió judicializar el caso recientemente para solicitar protección. El allanamiento en la delegación comunal permitió recolectar pruebas clave para el proceso.
El pedido del gobernador de Misiones
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, según informó el medio Huarpe, le habría recomendado al jefe comunal que solicite licencia mientras se esclarece su situación judicial. Hasta ahora, Peyer permanece en libertad, ya que cuenta con una inmunidad legal que alcanza a intendentes y concejales, a excepción de que sean detenidos in fraganti.
La causa sigue en etapa de investigación y la Justicia deberá determinar si existen pruebas suficientes para avanzar con imputaciones formales o un eventual proceso de desafuero dentro del Concejo Deliberante local.
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