Sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de República Cromañón, ocurrida hace casi 20 años, solicitaron este viernes al Congreso una sesión especial para prorrogar el plazo para la expropiación del inmueble en donde funcionó el boliche en el que murieron 194 personas el 30 de diciembre de 2004, y en el que está previsto construir un espacio de Memoria y Vida.
La ley aprobada por unanimidad en ambas cámaras el 27 de octubre de 2022, y promulgada el 9 de noviembre de ese mismo año, establecía un plazo de dos años para la expropiación. Sin embargo, a partir del cambio de gobierno el 10 de diciembre de 2023, las medidas comenzaron a dilatarse.
A días de vencerse el plazo, las organizaciones de sobrevivientes y familiares de víctimas de Cromañón plantearon al Congreso la posibilidad de un proyecto de prórroga para dicha Ley, que ya fue presentado en el Senado a través de Sergio Uñac y en Diputados el 21 de octubre, pero aún no se puso en discusión.
"Se trata de una carrera contra reloj para que se consiga el urgente tratamiento y para lograr las voluntades de votarlo. No debería ser un problema ya que la ley de expropiación fue votada por todo el arco político de 2022. Muchos de esos diputados y senadores aún continúan en sus cargos, además de representar a sus fuerzas políticas", señala el comunicado de las organizaciones de Cromañón.
"La prórroga permitiría dar un plazo mayor para que se pueda finalizar el trámite judicial y lograr entrar al boliche para tasarlo y poder comenzar realmente el proceso expropiatorio. Sin estas condiciones, todo el esfuerzo de años de trabajo se caerá", añadieron.
Qué dice la ley de expropiación de Cromañón
La norma establece que la propiedad estará destinada a crear "un espacio dedicado a la memoria de lo ocurrido", para lo cual "se creará una muestra permanente" que relatará esa historia "y se organizarán actividades culturales e informativas".
En el texto reglamentario, además, se indica que "la edificación existente en los inmuebles expropiados deberá conservar los elementos testimoniales de la masacre" y se deberá garantizar la "conservación preventiva, curativa y de restauración" del local, "por lo que gozarán de protección por parte del Estado".
También, se instruyó al Ministerio de Justicia a que “coordine las acciones necesarias con el fin de efectivizar el inmediato uso del inmueble sujeto a expropiación”, mientras la Secretaría de Derechos Humanos debería mantener informados a los familiares de las víctimas y a las y los sobrevivientes sobre el desarrollo del proceso.
Por otra parte, la norma establece la creación de Comisión Administradora de los predios popularmente conocidos como República Cromañón, conformada por miembros de la secretaría y sobrevivientes o familiares de víctimas, que estará a cargo de la administración del espacio dedicado a la memoria.
Además se constituyó el Consejo de las Víctimas Sobrevivientes y de Familiares de las Víctimas Fatales, que tendrá las funciones de elegir a las y los representantes que formarán parte de la Comisión y de participar en los lineamientos generales de los usos específicos de los espacios, los contenidos que se expondrán en la muestra y su difusión, entre otras.
Las organizaciones que impulsan y pelean por la expropiación son: Coordinadora Cromañón, El Camino es Cultural, Movimiento Cromañón, Ni Olvido Ni Perón, No Nos Cuenten Cromañón, Organización 30 de Diciembre, Plaza de la Memoria los Pibes de Cromañón, Que no se Repita y Sin Derechos no hay Justicia.