Villa Allende se convirtió en la primera ciudad de Córdoba, y del país, en implementar un plan piloto que consiste en el cierre de calles públicas mediante portones durante la noche. La medida comenzó a aplicarse este jueves en el barrio Lomas Sur, en el límite con la capital cordobesa, donde se restringirá el acceso vehicular en el horario de 22 a 6. Esta iniciativa forma parte del "Programa integral de prevención del delito y seguridad vecinal", impulsado por la gestión municipal ante la creciente ola de robos.
Córdoba: una ciudad cerrará las calles con portones por la inseguridad
La prueba piloto comenzó en el barrio Lomas Sur, en la Municipalidad de Villa Allende, y fue el primero de los 13 portones que serán instalados en menos de un mes. La medida generó fuerte polémica.
La decisión de avanzar con estos cerramientos responde a estadísticas oficiales que indican que entre el 60% y el 65% de los delitos en la zona ocurren durante la noche. El intendente local, Pablo Cornet, quien fue víctima de un robo en su propia casa, defendió la medida argumentando la necesidad de respuestas excepcionales ante la lentitud de la Justicia y la emergencia en seguridad declarada desde 2023. El plan no se limita solo a las barreras físicas, sino que prevé la incorporación de 300 cámaras de seguridad y ocho móviles policiales adicionales para reforzar el patrullaje.
En cuanto a los detalles técnicos, las estructuras son de chapa reforzada de 3 metros de alto, cuentan con cuatro hojas rebatibles y están equipadas con iluminación solar. A pesar del cierre vehicular, los portones incluyen un paso peatonal y un espacio diseñado para el acceso de sillas de ruedas. La inversión municipal para esta primera etapa de 13 unidades asciende a $106 millones, a los que se suman otros $80 millones destinados exclusivamente a la instalación de las estructuras.
Sin embargo, la medida ha desatado una fuerte controversia y división entre los vecinos. Mientras un sector apoya la iniciativa buscando mayor tranquilidad, otros residentes y dirigentes políticos, como la concejal Marta Banegas, denuncian que se trata de una "política de segregación" que afecta el derecho constitucional a la libre circulación. Un grupo de vecinos llegó a presentar un amparo colectivo ante la Justicia, pero la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación avaló el plan municipal calificándolo como "razonable y proporcional" al fin perseguido.
El proyecto de Villa Allende contempla la instalación de más de 30 accesos restringidos en total, extendiéndose próximamente a barrios como Pan de Azúcar, La Cruz, La Amalia y San Alfonso, entre otros. Aunque el fallo judicial reciente permitió el inicio de la colocación de los portones, el conflicto legal sigue latente, ya que los demandantes han decidido apelar la sentencia. Por el momento, la ciudad se mantiene como un laboratorio de seguridad que es observado con atención por otras localidades argentinas que enfrentan desafíos similares.
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