Conarcoop y la Defensoría del Pueblo firmaron un acuerdo para trabajar en conjunto

La Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop), que lidera Ramiro Martínez, y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que conduce María Rosa Muiños, firmaron un “convenio marco de colaboración”, para realizar, en conjunto, tareas de capacitación y mejora de asistencia a los ciudadanos.

Como parte de esas acciones, Conarcoop incluyó en su nueva sede, ubicada en la calle Gral. Gregorio Aráoz de Lamadrid al 1700 del barrio porteño de Barracas, un espacio que cuenta con dos trailers donde los vecinos podrán hacer trámites y eventualmente denuncias. Como así también se llevarán a cabo, en conjunto, actividades educativas relacionadas con el reciclado de materiales y proyectos de huertas, entre otras cosas.

A su vez, Conarcoop llevará adelante un relevamiento de las entidades de la economía social o entidades sin fines de lucro que tengan su domicilio y matrícula de constitución en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

La Confederación además realizará un relevamiento de la cantidad de personas que integran dichas organizaciones, en su carácter de asociadas y/o empleadas, para tener un conocimiento pleno del número de involucrados. A su vez, clasificará, según la naturaleza jurídica de las entidades, si son mutuales, cooperativas, asociaciones civiles, fundaciones u ONG y cualquier otra figura jurídica que forme parte del sector.

La organización que preside Ramiro Martínez también prestará asesoramiento en las consultas realizadas por ciudadanos y ciudadanas sobre la conformación de este tipo de entidades.

Conarcoop - defensoria del pueblo 2

Conarcoop además intervendrá, a la solicitud de la Defensora del Pueblo, en todos aquellas denuncias o pedidos de informes realizados por asociados o asociadas a las cooperativas y organizaciones sociales en el ámbito de la Ciudad, cuando “se vean o pudieran verse menoscabados sus derechos frente a los actos, hechos u omisiones de la administración, de prestadores de servicios públicos y de las fuerzas que ejerzan funciones de policía de seguridad local”.

A su vez, participará en todas aquellas denuncias o pedidos de informes realizados por asociados a cooperativas y organizaciones sociales, cuando “se vean o pudieran verse menoscabados sus derechos frente a los actos, hechos u omisiones de naturaleza administrativa de los poderes judicial, legislativo y de los órganos de control”.

En definitiva, con estas y otras tareas pactadas, Conarcoop intervendrá en todos los casos que en forma directa o indirecta se encuentren involucradas las organizaciones sociales y las cooperativas y/o los usuarios de sus servicios a pedido de la Defensora del Pueblo.

Asimismo, ambas partes acordaron favorecer el intercambio entre las áreas sustantivas de la Defensoría, tendiente a construir y consensuar los criterios formativos y conceptuales, como así también colaborar con la optimización de las instancias formativas impulsadas por las diversas áreas de la dirección, desarrollando y produciendo conocimientos formativos y científicos donde el trabajo con la concreción de derechos sea el eje.

A su vez, las cooperativas asistirán en el asesoramiento efectuado por la Defensoría a organismos externos, vinculado a los procesos de planificación y desarrollo de las instancias formativas en lo atinente a la perspectiva del trabajo con sentido humano y la participación de los trabajadores en la toma de decisiones y resultados de las diferentes organizaciones de la comunidad y en la empresa.

Los cooperativistas también se comprometieron a colaborar en el desarrollo de los proyectos de investigación, la organización de eventos académicos-científicos, producción de materiales, documentos y/o publicaciones vinculadas con la temática del trabajo llevado a cabo por la Defensoría.

Por último, actuarán como órgano de coordinación, por parte de la Defensoría, con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), en los términos de la Ley Nacional N° 20.337.