El entramado judicial por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994, continúa transitando por complejos andariveles en los tribunales federales. A 32 años de la explosión del coche bomba que terminó con la vida de 85 personas y dejó más de un centenar de heridos en el corazón del barrio de Once, el debate sobre las responsabilidades penales y las maniobras de encubrimiento sigue más que abierto.
En estos días, el mayor foco de atención está puesto sobre Carlos Telleldín, inicialmente señalado como el nexo clave de la denominada conexión local por haber presuntamente acondicionado y entregado la camioneta Trafic que se utilizó en el acto terrorista.
Este martes, en las vísperas de un nuevo aniversario, el Tribunal Oral Federal 2 rechazó la recusación que presentó Telleldín contra el fiscal federal Sebastián Basso, que está impulsando el proceso de decomiso de u$s 400.000 que el reducidor de autos recibió por parte de la SIDE para desviar el curso de la investigación.
Archivo Ámbito Financiero
El recorrido judicial de Telleldín está marcado por marchas y contramarchas que dan cuenta de las irregularidades de las primeras etapas de la investigación, muchas de las cuales demostraron lo oscuras que pueden a llegar a ser en nuestro país las relaciones entre Justica, servicios de inteligencia y poder político. Tras ser señalado como facilitador de la Traffic utilizada por la célula terrorista en la AMIA, Telledín fue condenado y pasó una década tras las rejas en el penal de Devoto, entre 1994 y 2004. Allí aprovechó el tiempo para cursar la carrera de derecho y graduarse de abogado.
Un pago de la SIDE para desviar la investigación de la AMIA
Fue durante el el primer gran juicio oral del caso, en 2001, cuando salió a la luz que Telledín había recibido u$s 400 mil dólares provenientes de los fondos reservados de la SIDE. El propósito del pago, efectuado con la venia del entonces juez de la causa, Juan José Galeano, era forzar una declaración que involucrara falsamente a integrantes de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
En el juicio se comprobó que, en 1996, un día después de declarar ante Galeano que un grupo de agentes bonaerenses liderados por el comisario Juan José Ribelli se había llevado la camioneta, la esposa de Telledín recibió u$s 200.000, que se completarían con un segundo pago poco después. Por ese testimonio, los policías pasaron varios años en prisión.
Aquella revelación motivó que la Corte Suprema de Justicia declarara la nulidad total de las actuaciones iniciales, aunque dispuso también que Telleldín debía someterse a un nuevo proceso.
En el segundo debate oral, iniciado en 2019, el Tribunal Oral Federal 3 dictaminó la absolución de Telleldín. Los jueces basaron su veredicto en la falta de evidencias concluyentes que demostraran que el reducidor tenía un conocimiento real y efectivo de que la Traffic que estaba entregando iba a ser usada para perpetrar el atentado.
Pese a que el Ministerio Público Fiscal había solicitado la pena de prisión perpetua, el fallo de inocencia fue ratificado posteriormente por la Cámara Federal de Casación Penal. Frente a este escenario, la fiscalía interpuso un recurso extraordinario para llevar el debate al máximo tribunal del país. En el marco de esa disputa, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, ratificó el dictamen acusatorio y demandó formalmente que se anule la absolución dictada en favor de Telleldín.
En paralelo, Telleldín fue condenado a un año y nueve meses de prisión por el delito de encubrimiento, una pena que compartió con el destituido juez Galeano, quien recibió una pena de cuatro años, los exrepresentantes del Ministerio Público Eamon Mullen y José Barbaccia, sentenciados a dos años, y el exjefe de la secretaría de inteligencia Hugo Anzorreguy, condenado a dos años y medio de prisión.
Las maniobras quedaron al descubierto gracias al testimonio de antiguos agentes de inteligencia que, una vez eximidos del deber de confidencialidad, relataron ante la justicia las circunstancias que rodearon el pago ilegal realizado en 1996.
La batalla por la restitución del dinero
El decomiso de los u$s 400 mil dólares que recibió Telleldín para desviar la investigación es hoy el frente más activo de la batalla legal relacionada con el atentado en la AMIA. El Tribunal Oral Federal 2 ordenó la devolución del dinero al erario público en su sentencia de febrero de 2019, una resolución que, aunque ya tiene estado firme, todavía no logró concretarse.
Ante la demora en la restitución de las divisas, el juez de ejecución penal Jorge Gorini desestimó de manera categórica las presentaciones de la defensa del abogado, que aducían que el decomiso había prescrito y que la carencia de patrimonio registrado hacía imposible que se cumpliera la medida.
La gran novedad de estos dias es que, para sortear estos obstáculos, la justicia autorizó un requerimiento de la Unidad Fiscal AMIA para iniciar un relevamiento patrimonial que abarca el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil del condenado, así como también de su círculo familiar y de sus colaboradores más cercanos. Esto es, precisamente, lo que que intentó impugnar Telleldín, quien el martes recibió un duro reves por parte de la Justicia, que ahora da un paso más para recuperar el dinero que estuvo en el centro uno de los episodios más repugnantes de la búsqueda de la verdad en el trágico atentado a la AMIA.
