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Tras el intento de censura del Gobierno, un juez de la Corte señaló que "el derecho a la libre expresión es central"

En medio del fallo que prohíbe difundir los audios de Karina Milei, Ricardo Lorenzetti afirmó que la libre expresión “es central para la democracia”.

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  • El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti ratificó la centralidad de la libertad de expresión “para la democracia”, en medio del fallo judicial que impide la difusión de los audios de la secretaria de Presidencia, Karina Milei.

    “El derecho a la libre expresión es central para la democracia”, afirmó el magistrado. “Si no la hay, no hay argumentos, por más que no nos guste lo que se diga”, agregó durante su exposición en la Fundación Mediterránea.

    El juez subrayó que “la jurisprudencia de la Corte es muy clara” respecto de la libertad de expresión y remarcó que “no se cambió ni se va a cambiar”.

    Lorenzetti también cuestionó la posibilidad de ampliar la Corte Suprema. “Si se aumenta, cambia la jurisprudencia y eso generará incertidumbre en la vida económica. Hay que dar estabilidad en las instituciones en medio de un proceso económico”, sostuvo.

    Lorenzetti

    En otro tramo de su intervención, señaló que “la Argentina necesita un cambio profundo y muy relevante en las instituciones” y que la situación actual hace que “los grandes temas no se solucionen, se trasladen”.

    Para Lorenzetti, el país “tiene un diseño institucional muy defectuoso porque produce grandes triunfos individuales y fracasos colectivos”. En ese sentido, insistió en la necesidad de “defender la democracia, el estado de derecho” y recordó que “la función del Poder Judicial es mantener la estabilidad” para garantizar seguridad a los ciudadanos.

    El fallo del juez Alejandro Maraniello, que prohíbe la publicación de los audios de Karina Milei en el marco del escándalo por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), provocó un amplio rechazo de juristas y especialistas, al considerar que vulnera uno de los pilares de la democracia.

    La medida, calificada como un “bozal legal”, abrió el debate sobre el rol de los medios en la sociedad. ADEPA manifestó su rechazo, al igual que referentes del ámbito judicial y de distintos partidos políticos que cuestionaron el alcance de la decisión.

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