La Comisión de Juicio Político puso el ojo en las irregularidades de la Obra Social del Poder Judicial

En esa carta, Tonón dijo que su testimonio ante los diputados "podría vulnerar y violar la garantía en el texto del articulo 18 de la Constitución Nacional" y por ese motivo pidió que se lo "exima de declarar".

Ante esta situación, Gaillard propuso volver a citarlo porque "tiene la carga pública" y debe "concurrir a declarar en la comisión" y dijo que si hay preguntas que no puede responder "sucederá lo mismo que en el caso de Germán Garavano", exministro de Justicia, que no contestó parte del cuestionario.

Tras esa propuesta de Gaillard se votó una nueva convocatoria a Tonón con el respaldo del Frente de Todos y la legisladora de la Coalición Cívica Paula Olivetto.

Además, la comisión aprobó pedir a la justicia que convoque por la fuerza pública al abogado Mazzeo, quien se ausentó en dos oportunidades e informó hace un mes por Twitter que no iba a concurrir a ese organismo parlamentario.

En esa ocasión, el letrado dijo que no se iba a presentar porque en la Comisión "se pretende utilizar como prueba de cargo lo que recoge de la excursión de pesca ilegal que ha emprendido. Las persecuciones políticas deben terminar en Argentina".

El legislador oficialista Rodolfo Tailhade pidió nuevos testimonios relacionados con el caso de las denuncias de irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial y solicitó documentación a la Corte referida a ese ente.

Su pedido fue aprobado por los diputados kirchneristas para que concurran a prestar testimonio los auditores externos Nicolás Jacinto Serafini, Iván Nicolás Ritvo y Gabriel Martínez, la subsecretaria administrativa de la vocalía de Maqueda, María Betina Bonuccelli y el director general de Sistemas de la Corte Suprema, Andrés Sacchi,

Además se avaló que por el fallo del 2x1 de la Corte que favoreció a un represor de la dictadura se convoque al extitular de la Procuradoría de Lesa Humanidad Jorge Auat y al secretario de Derechos Humanos del Gobierno de Mauricio Macri, Claudio Avruj. La nueva reunión de la comisión de Juicio Político se realiza tras haber debatido la semana pasada la causa del 2x1.

Irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial: los testimonios

El primer testimonio fue brindado por la médica legista y perito de la Corte María Cristina Interlandi, quien afirmó que hay "una limitación de los sistemas es que no se encuentran informatizadas en la obra social las autorizaciones de medicamentos que corresponde a cada afiliado y al no estarlo siempre es una dificultad".

Interlandi dijo que "ingresó por concurso abierto en julio en 2008" y aseguró "desconocer quien la había propuesto para ese cargo", al tiempo que señaló que "jamás se reunió" con el presidente de la Corte Rosatti o su colaborador Silvio Robles. La médica legista dijo que "no le dieron directivas sobre la tarea que debía realizar la Auditoria".

En tanto, Oscar Fernández, contador y perito de la auditoría de la obra social judicial, dijo que "el presupuesto es una herramienta de gestión, que define cuál es el camino que se tiene que transitar y permite observar los desvíos entre la realidad y las expectativas; en el caso de la obra social, vimos que no contaba con uno".

Hipótesis sobre las que trabaja la Comisión de Juicio Político

Entre las hipótesis sobre las que trabajará la comisión, se buscará comprobar si se incurrió en irregularidad manifiesta al no cubrir las vacancias en el directorio de la obra social, en la subdirección médica, subdirección administrativa y auditoría interna, y si a consecuencia de la no designación de esas personas se incumplió con la habilitación estatutaria que habilitaba la delegación de firma.

Además, se investigará una supuesta ausencia de previsión presupuestaria y se buscará avanzar sobre "groseras" irregularidades en la registración contable, así como un "incumplimiento sistemático y deliberado de las funciones de control y de administración indelegables a la capacidad de administración y control".

Para avanzar en estas cuestiones, la comisión también tendrá en cuenta la denuncia de la Coalición Cívica que originalmente presentara Elisa Carrió contra Lorenzetti por "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y eventual comisión de delitos por irregular y discrecional manejo de la obra social", y su “incidencia” ante la falta de cobertura de vacancias en el directorio y en diferentes áreas administrativas.