El Palacio Legislativo refleja un escenario fragmentado, marcado por la pérdida de protagonismo de los partidos históricos. La Libertad Avanza y los bloques provinciales se consolidan como actores decisivos en la definición de leyes y acuerdos parlamentarios.
Un nuevo Congreso tendrá lugar este año legislativo.
Durante gran parte de la historia democrática reciente, el Congreso argentino estuvo dominado por dos grandes tradiciones políticas: el peronismo y la Unión Cívica Radical. Sin embargo, la composición actual del Parlamento muestra un escenario muy distinto: más fragmentado, con partidos históricos en retroceso y fuerzas relativamente nuevas ocupando un rol central en la toma de decisiones.
La evolución de las bancas en Diputados y el Senado confirma un proceso que lleva más de una década: la erosión del bipartidismo clásico y la emergencia de nuevos actores que alteraron la lógica de mayorías y minorías.
El peronismo, hoy nucleado principalmente en Unión por la Patria (Diputados) y el bloque Justicialista (Senado), conserva una representación significativa en el Congreso, pero lejos de los niveles que supo tener. La caída sostenida de bancas en los últimos ciclos electorales lo obligó a replegarse en una lógica defensiva: contener a los propios, evitar rupturas y administrar tensiones internas. A partir del cambio de gobierno en 2023, gran parte de las iniciativas impulsadas desde el peronismo se pudieron lograr a partir de los acuerdos que hicieron con otros bloques minoritarios de la oposición.
La derrota nacional y la emergencia de La Libertad Avanza aceleraron debates que venían latentes: liderazgos, estrategia parlamentaria y la convivencia entre sectores con agendas cada vez más divergentes. El riesgo de nuevas fracturas, tras la salida del interbloque en la Cámara alta de senadores que responden a gobernadores y exigen una agenda federal, es una de las principales incógnitas del período legislativo que se abre.
En términos históricos, el politólogo Facundo Cruz señala que el peronismo pasó de los “bloques enormes de los años ’40 y ’50” a una larga etapa como partido grande desde el retorno de la democracia, pero que en los últimos ciclos se observa “una pendiente descendente clara”. Entre 1983 y 2015, el PJ se mantuvo en un rango estable del 40 al 55% de la Cámara, hasta iniciar una caída más pronunciada desde 2017, que lo ubica hoy cerca de un tercio del recinto y lo consolida como un partido legislativo mediano, no mayoritario.
El desafío del peronismo para intentar volver a convocar al electorado, es más amplio de lo que se puede ver en el Congreso, aunque la foto de la evolución de las bancas ayuda a entender la película completa en donde se juegan los liderazgos ya conocidos y, algunos, erosionados y se debate la estructura de poder de cara al 2027.
La Unión Cívica Radical atraviesa uno de sus momentos más delicados desde el retorno de la democracia. Históricamente uno de los dos grandes partidos nacionales, hoy exhibe una de sus peores representaciones parlamentarias, tanto en términos numéricos como de influencia política.
La evolución histórica del bloque radical confirma una tendencia de largo plazo. Según Facundo Cruz, tras sus picos de poder en los períodos 1916–1930 y 1958–1965, la UCR inicia un proceso de achicamiento sostenido que se vuelve irreversible a partir de los años 2000. El contraste es fuerte: de concentrar casi la totalidad de la Cámara en 1958, el radicalismo cae por debajo del 20% de manera persistente desde 2013 y alcanza en 2025 su nivel más bajo desde la sanción del voto universal.
La disolución práctica de Juntos por el Cambio como bloque cohesionado dejó a la UCR sin una estrategia clara en el Congreso: dividida entre sectores dialoguistas y otros más confrontativos, su capacidad de incidir en las grandes decisiones legislativas se limitó a la capacidad de hacer acuerdos con otros espacios mayoritarios.
En Diputados, actualmente, posee sólo 6 miembros en el bloque UCR (2,33% del total), mientras que otros alfiles del radicalismo que se habían dividido durante el 2024 y 2025 definieron estar en otros sectores: los ex radicales con peluca (Liga del Interior) migraron a La Libertad Avanza para cerrar con moño lo que supo ser una alianza parlamentaria con el oficialismo: mientras que los que quedaron de Democracia para Siempre -opositores al Gobierno de Milei en el Parlamento- se radicaron en el armado de Provincias Unidas. En el Senado, mantiene un número un número más sólido con 10 integrantes (13,8% del total), dado que el recambio en la Cámara Alta – a diferencia de Diputados que renueva cada 2 años la mitad de sus miembros- es cada 6 años y en 2027 a más de la mitad se les vence el mandato.
El PRO (Propuesta Republicana) es un caso paradigmático de esta transformación. Su primera aparición con representación parlamentaria nacional se dio en 2005, cuando logró ingresar un puñado de diputados, todavía como una fuerza incipiente y concentrada en la Ciudad de Buenos Aires.
Durante sus primeros años, la presencia del PRO en el Congreso fue modesta. Entre 2005 y 2011, el partido osciló entre pequeñas bancadas propias y alianzas electorales que le permitieron sostener una representación limitada, sin un peso decisivo en la agenda legislativa.
El punto de inflexión llegó a partir de 2013 y se consolidó con la experiencia de Cambiemos y la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia en 2015. En ese ciclo, el PRO pasó de ser una fuerza emergente a ocupar un lugar central en el Congreso, integrando la primera minoría en Diputados y alcanzando su mayor volumen legislativo entre 2015 y 2017. Tras la derrota electoral de 2019, el espacio perdió bancas pero conservó relevancia como eje de la principal coalición opositora, aunque ya con señales de desgaste interno que se profundizarían en los años siguientes.
En el escenario actual, con buena parte de su electorado representado por La Libertad Avanza y tras la inevitable fagocitación que vivió el espacio con el ascenso de Javier Milei, la principal incógnita es qué rol asumirá el PRO que permanece dentro del bloque. La conducción encabezada por Cristian Ritondo enfrenta una etapa marcada por la salida de varios legisladores antes de finalizar 2025 y por un vínculo inestable con el oficialismo.
El acuerdo legislativo entre Ritondo y Martín Menem se percibe frágil y genera dudas sobre su accionar a partir de este año. Esa debilidad quedó expuesta tras el entendimiento entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria que dejó al PRO fuera de la Auditoría General de la Nación. El episodio derivó en una acción de amparo presentada a fines de 2025, en la que se cuestiona la constitucionalidad del procedimiento mediante el cual se designaron tres nuevos integrantes del organismo de control.
La irrupción de La Libertad Avanza alteró el equilibrio legislativo tradicional. En apenas un ciclo electoral pasó de ser una fuerza marginal a constituirse en el principal bloque oficialista, aunque sin mayoría propia. Su peso en el Congreso no se explica solo por la cantidad de bancas, sino por su capacidad para ordenar la agenda y condicionar el ritmo del debate parlamentario.
En un escenario fragmentado, el oficialismo construye poder a partir de acuerdos variables con bloques medianos, partidos provinciales y sectores del PRO, lo que convierte a cada votación relevante en una negociación puntual. Esa lógica refuerza el carácter inestable del esquema actual y expone los límites de un oficialismo que, aun siendo el más numeroso, depende de aliados circunstanciales para avanzar con su agenda.
La fragmentación del Congreso también fortaleció el peso de los gobernadores y los bloques provinciales, que funcionan cada vez menos como extensiones de partidos nacionales y más como bancadas flexibles, capaces de negociar ley por ley. El poder territorial se traduce hoy en una influencia parlamentaria decisiva, especialmente en un contexto de oficialismo sin mayoría propia.
Las negociaciones en torno a recursos y transferencias —entre ellas, las partidas de Aportes del Tesoro Nacional (ATN)— se convirtieron en uno de los principales ejes de ese vínculo. Lejos de responder a alineamientos estables, los mandatarios provinciales administran sus apoyos en función de intereses locales y coyunturas específicas, consolidando un esquema donde el federalismo opera como un factor clave en la gobernabilidad legislativa.
El Congreso que emerge en 2026 es el de bloques medianos, alianzas inestables y liderazgos fragmentados. El fin del bipartidismo no dio lugar a un nuevo orden claro, sino a un sistema donde el poder se construye voto a voto.
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