En las últimas horas el canciller argentino comunicó la expulsión del embajador ecuatoriano en Argentina, Xavier Alfonso Monge, después de que Ecuador comunicara que el embajador argentino, Gabriel Fuks, fue declarado persona no grata y que ,por consecuencia, tenía que abandonar Quito.
El lunes, el canciller Santiago Cafiero se comunicó con su par en Ecuador para informarle que María de los Ángeles Duarte había abandonado la embajada argentina en Quito.
Duarte es una ex funcionaria de Rafael Correa que se desempeñó como ministra de Desarrollo Urbano y que en 2020 fue condenada a 8 años de prisión por el delito de corrupción.
Por este motivo, Duarte pidió refugio en la embajada que le fue otorgado desde el 13 de agosto de 2020 y recién a fines del 2022 el gobierno argentino le dio el asilo.
En enero del 2023, el gobierno de Guillermo Lasso le confirmó al gobierno argentino que no iba a abrir el salvoconducto para Duarte por lo que la exministra no podía abandonar la embajada sin ser detenida. El gobierno ecuatoriano argumentó que el asilo no corresponde para los casos de aquellas personas que han sido condenadas por delitos comunes.
Conocida la salida de la embajada, la cancillería ecuatoriana citó al embajador argentino Gabriel Fuks para que diera más detalles de lo que había sucedido pero además solicitó que entregaran las cámaras de seguridad de la embajada para poder tener más información.
Gabriel Fuks amplió los detalles, dijo que desconocía donde se encontraba en ese momento Duarte pero se negó a entregar el material fílmico.
Ecuador consideró que las autoridades argentinas estaban brindando información con inconsistencias y como consecuencia terminaron comunicando que Gabriel Fuks es persona no grata y esto implica en los hechos que debe abandonar el país.
El gobierno argentino luego informó que Duarte se encuentra en la embajada Argentina en Caracas y fue la exministra la que publicó en Twitter que había abandonado Ecuador.
A última hora del martes, la Cancillería argentina publicó un comunicado en el que explicaba que iba a adoptar la misma situación con el canciller ecuatoriano en argentina.
En ese mismo comunicado explicaron que no existe ninguna norma internacional que obligue a las sedes diplomáticas a custodiar a los asilados.
El comunicado concluye diciendo que la partida de Duarte había sido motivo de la inoperancia de las autoridades policiales del país por no haber podido rastrear que circulaba por territorio ecuatoriano ni mucho menos que había abandonado Ecuador.