Plan antipiquetes de Patricia Bullrich: la advertencia de un abogado constitucionalista

Minutos antes de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentara su protocolo antipiquetes, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez advirtió que "la regulación del derecho a la protesta pacífica debe realizarse exclusivamente por una ley sancionada por el Congreso".

A través de su cuenta en la red social X, Gil Domínguez enumeró una serie de estándares interamericanos en materia de protesta social que tienen jerarquía constitucional.

"Existe un derecho fundamental y humano a la protesta pacífica. La protesta violenta no es un derecho y está castigada por el código penal. El derecho a la protesta pacífica engloba la libertad de expresión, el derecho de reunión, el derecho de asociación, el derecho de petición, el derecho a la no discriminación, la libertad sindical y el derecho a la huelga (entre otros)", aseguró el abogado constitucionalista.

Gil Domínguez recordó que la participación en una protesta pacífica "está exenta de una previa autorización", que los participantes pueden "elegir el contenido y los mensajes de la protesta", como así también, "el tiempo y el lugar" donde se llevará a cabo.

Andrés Gil Domínguez

"La protesta puede manifestarse de muy diversas formas como cortes de ruta, cacerolazos, vigilias. Las condiciones en las que se presentan estas manifestaciones y reivindicaciones son complejas y requieren por parte de las autoridades respuestas adecuadas. La limitación del derecho a la protesta pacífica debe ser razonable y proporcional. En ningún caso puede derivar en la prohibición de su ejercicio", advirtió.

También recordó que "el Estado tiene el deber de no criminalizar a los líderes y participantes de las protestas pacíficas". Y respecto de los cortes de calles o ruta, indicó que "el derecho a la libertad de expresión es uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática".

En qué consiste el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad presentó su protocolo para sancionar y penalizar a las organizaciones sociales, sindicales, policías y personas que realicen cortes, bloqueos o piquetes.

El protocolo de Bullrich incluye la intervención de las cuatro fuerzas federales más el Servicio Penitenciario Federal en los cortes, piquetes y bloqueos parciales y totales. Las fuerzas usarán "la mínima fuerza necesaria y suficiente" la cual será graduada "en proporción a la resistencia".

Serán identificados todas las personas que participen, organicen o instiguen a la protesta. También se van a identificar a los vehículos y a los conductores utilizados para trasladar manifestantes y se impulsarán sanciones que pueden llegar a la incautación de los mismos.

Marcha piquetera

Telam

Se le va a dar aviso al juzgado competente en caso de daño ambiental en los casos que haya quema de cubiertas. En el caso de participación de niños y adolescentes se le va a dar aviso a la autoridad competente de la protección de los mismos y se procederá a sancionar a sus responsables.

En caso de tratarse de los extranjeros con residencia provisoria en Argentina que participen en las protestas se les enviará la información a la Dirección Nacional de Migraciones.

Se creará un registro de las organizaciones que participan en este tipo de hechos a cuales se les enviará la factura de todos los costos vinculados a los operativos de seguridad a las organizaciones o individuos responsables de las protestas.