Piden ante la Justicia argentina la captura internacional de Nicolás Maduro

Los fiscales argentinos Carlos Stornelli y José Agüero Iturbe exigieron a la Cámara Federal que se solicite la indagatoria y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su mano derecha, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

La presentación también incluye a un conjunto de militares y agentes de inteligencia señalados de ser responsables de torturas, secuestros y ejecuciones, en el marco de un “plan sistemático”.

El planteo del Ministerio Público Fiscal llegó como consecuencia de un pedido de seis ciudadanos venezolanos, incluido un fiscal de ese país, que denunciaron estos crímenes bajo el principio de justicia universal.

Stornelli e Iturbe

El juez Sebastián Ramos había rechazado inicialmente el pedido porque no se habían completado las medidas ordenadas cuando la Cámara Federal abrió la investigación en los tribunales de Comodoro Py. Sin embargo, la querella inició la averiguación bajo el principio de justicia universal.

En la audiencia de este martes se hizo presente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en representación del gobierno de Javier Milei. También uno de los impulsores de la denuncia: el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, quien acompañó a los denunciantes.

La causa contra Maduro en Argentina

Hace un año, el fiscal federal Stornelli inició una investigación para determinar si se cometieron violaciones a los derechos humanos en Venezuela, tras una denuncia presentada por la Fundación de George Clooney en los tribunales de Comodoro Py.

Entre otras medidas, el fiscal pidió informes a jueces y fiscales de ese país, y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. “Argentina debe investigar las sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela, sobre la base del principio de jurisdicción universal”, señalaba la denuncia, que agregaba evidencias sobre la responsabilidad penal de las fuerzas de seguridad venezolanas en la comisión de crímenes de lesa humanidad contra integrantes de la oposición.

Al impulsar la investigación, Stornelli imputó a integrantes de los mandos superiores de la Guardia Nacional Bolivariana. Según la denuncia, habría una negativa de las autoridades judiciales venezolanas a investigar a “eslabones de la cadena de mando de Guardia Nacional Bolivariana y los intercambios de información registrada en su seno”.

Esa causa, que recibió el juez Sebastián Ramos, se anexó a otras que ya existían. En una de ellas, el fiscal Gerardo Pollicita ya había dictaminado que no correspondía proceder porque la Corte Penal Internacional (CPI) investigaba desde 2018 una denuncia similar contra Maduro que promovieron los presidentes de cinco países, entre ellos Mauricio Macri, junto con Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá.

El juez Ramos dispuso el archivo de esas actuaciones y ordenó remitir el expediente, con el testimonio de las víctimas, a la Corte Penal Internacional, donde ya existe un expediente abierto contra el gobierno de Nicolás Maduro, precisamente por la posición que tuvo Argentina en esa denuncia.

Pero un grupo de víctimas apeló y sostuvo que “ese criterio no puede ser compartido porque no se ha determinado que los casos llevados a conocimiento de la CPI sean los mismos que fueron denunciados en este proceso, para su investigación” y porque la actuación de Pollicita se vio “superada por la ampliación del requerimiento de instrucción presentado por Stornelli.