El Juzgado Federal N° 2 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, determinó que el gobierno de Javier Milei no podrá avanzar con la privatización del Banco Nación, a pesar de lo establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70/2023, y deberá contar con el respaldo de una ley aprobada por el Congreso.
Nuevo revés para el Gobierno: la Justicia frenó la privatización del Banco Nación
El juez federal Alejo Ramos Padilla emitió un fallo que refuerza la protección jurídica de la entidad, en respuesta a una presentación de trabajadores que denunciaron "una privatización encubierta".
El fallo ocurrió en respuesta a una acción legal presentada por trabajadores de la entidad, quienes buscaron frenar algo que consideraron una privatización encubierta, impulsada por el DNU y la resolución 348 del Directorio del banco que habilitaba la contratación de asesoría privada para tal proceso. Según detalló Ramos Padilla, ambas resoluciones "no autorizan a modificar la situación jurídica de la entidad bancaria".
De acuerdo a la sanción, el oficialismo necesitará enviar y aprobar una ley en el Congreso en caso de querer avanzar con la privatización de la institución. De esta manera, podría modificar la Carta Orgánica del BNA y transformarlo de un ente autárquico a una sociedad anónima.
En la resolución judicial, se tuvo en cuenta la sanción de la Ley 27.742 (Ley de Bases), que en su proyecto original declaraba al Banco Nación como una de las empresas estatales sujeta a privatización. Sin embargo, tras numerosas idas y vueltas, finalmente la entidad fue removida de la lista propuesta por el oficialismo.
El magistrado sostuvo que “se evidencia entonces la voluntad del Congreso Nacional y de ambas Cámaras, al sancionar la ley de excluir al Banco de la Nación Argentina como entidad sujeta a privatización, producto de un debate generado en el ámbito político adecuado con intervención de múltiples actores y que excede la revisión judicial”.
Además, remarcó que, en el texto constitucional de la nación, la creación del Banco de la Nación Argentina le compete al Congreso Nacional. De esta manera, el Poder Legislativo es el único que tiene la facultad de revocar dicho carácter.
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