Los despegues de Adorni y un gobierno que busca soluciones alternativas a problemas judiciales

El movimiento fue sorpresivo: un planteo por escrito de la jueza federal María Eugenia Capuchetti a su colega Ariel Lijo. Y no fue en cualquier causa. Le pidió que se inhiba de seguir interviniendo en el expediente donde se investigan posibles irregularidades en el otorgamiento de créditos hipotecarios por parte del Banco Nación (BNA). Un escándalo que alcanza a funcionarios y legisladores nacionales de La Libertad Avanza.

El intento de Capuchetti se produjo justo después de que Lijo dictara las primeras medidas de prueba en la causa. Entre otras cosas, el magistrado pidió al BNA los legajos crediticios de los funcionarios denunciados tras haber accedido a créditos millonarios. Entre ellos se destacan Federico Furiase (Secretario de Finanzas) y Juan Pedro Inchauspe (Director del Banco Central).

Lijo también le solicitó a la Auditoría General de la Nación (AGN) un amplio análisis de la política de créditos del banco estatal para determinar si la gestión mileista promovió una flexibilización tal que habilitara el amontonamiento de funcionarios públicos en busca de créditos. Cuentan que algo de ello podría descubrirse si se pusiera el ojo en la nómina de integrantes del ministerio de Defensa que supo conducir Luis Petri y que habrían recurrido a créditos del BNA.

La excusa de Capuchetti para pedir que le envíen la causa fue que tiene en su juzgado un expediente con “objeto más amplio”, ya que en la denuncia que le tocó por sorteo no se hace referencia solo a créditos hipotecarios sino también a préstamos personales. Lo que omitió aclarar la jueza es que su expediente no tiene impulso porque, al dictaminar, la fiscal Paloma Ochoa opinó que se debía remitir esa denuncia al juzgado federal 4 para que se acumule a la que tiene Lijo.

El juez aún no respondió el planteo, aunque se espera que lo haga el lunes.

La intentona fue leída en algunos despachos de los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, como un movimiento empujado por el Gobierno para sacarle el caso a Lijo, el juez que además investiga las tropelías del jefe de Gabinete Manuel Adorni. Ocurre que en Casa Rosada evalúan que tienen mejor diálogo con la jueza que con el magistrado al que postularon de manera fallida para la Corte Suprema.

Es evidente que el Gobierno activó un plan de soluciones alternativas para asuntos complejos, como son los judiciales. No fue casualidad que el viernes apareciera en el boletín oficial el inicio del trámite para que el juez Víctor Arturo Pesino pueda quedarse cinco años más en el cargo después de cumplir 75 años. Se trata de uno de los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que 24 horas antes había devuelto la vida —aunque sea de momento— a la judicializada flexibilización laboral impulsada por el Gobierno y aprobada por el Congreso.

Otro magistrado que esta semana recibió el favor del oficialismo fue el juez civil y comercial Patricio Maraniello, acusado ante el Consejo de la Magistratura por maltrato y abuso sexual. Maraniello es el juez que se hizo conocido cuando emitió una resolución para prohibir que se difundieran audios supuestamente atribuidos a la secretaria General de la presidencia, Karina Milei.

Estaba previsto que este miércoles se votara su convocatoria a dar explicaciones en la Comisión de Acusación del Consejo, pero ganó tiempo. Fue el diputado de La Libertad Avanza Gonzalo Roca el que pidió postergar los trámites contra Maraniello. Llamó la atención la presencia en la reunión del consejero Santiago Viola, ya que el viceministro de Justicia que no integra la comisión de Acusación. Algunos recordaron que Viola había sido el abogado que asesoró a Karina Milei en la causa que llevó Maraniello.

La obsesión oficial con los temas judiciales pasa por dos lugares: por un lado, saben que son los jueces quienes pueden frenar avanzadas que el Gobierno logró en el Congreso a fuerza de látigo y chequera, y de ponerle peluca a un montón de expositores; por otro, tienen claro que mientras la economía no despegue, los casos de corrupción calarán cada vez más hondo en la opinión pública.

Un estudio del analista político Roberto Bacman midió que el 51,8 por ciento de los argentinos está dispuesto a votar en la próxima elección presidencial a un candidato opositor y un 22,1 a Milei. Al presentar la encuesta —de más de dos mil casos— el jueves pasado en el programa televisivo Minuto Uno, el analista aclaró que esos números son solo una foto dentro de una película dinámica, pero que “si no se resuelven las causas judiciales es difícil que ese número cambie mucho”. La corrupción se ubica entre los principales temas que preocupan a los argentinos, junto con la inestabilidad laboral, la dificultad para conseguir empleo y los problemas económicos para llegar a fin de mes.

Quizás por ese peso que tiene la corrupción en la agenda actual, Manuel Adorni salió a festejar en su apagada cuenta de X que el juez Daniel Rafecas archivó la causa que investigaba el viaje a Nueva York de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, en el avión presidencial junto con el jefe de Estado y su comitiva oficial.

Rafecas lo dispuso luego de que la fiscal Alejandra Mangano considerara que subir a la esposa de un funcionario al avión presidencial y que se hospede con su marido no implicaba un gasto adicional al Estado y que, por lo tanto, se estaba ante la “inexistencia de delito”. Es más que discutible la cuestión del “costo marginal 0”, si se toman en cuenta los aspectos técnicos y los costes que genera subir una persona a un avión, pero es atendible la postura de la fisclia. Lo que queda fuera de discusión es que Adorni se comportó como lo que él mismo definiría “casta”.

“El tiempo es un juez tan sabio que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene”, posteó el jefe de Gabinete en su cuenta personal de X. Acompañó el posteo con una captura del fallo que archivó la denuncia en su contra. La decisión judicial implica el cierre virtual de esa causa que se inició luego de que la cuenta oficial de Radio Jai publicara en X una foto del ministro en Nueva York en la que también se veía a su esposa. Pero aquella foto que dio inicio al expediente le costó más que una denuncia penal: fue a partir de allí que comenzaron a conocerse datos de Adorni que todavía no tienen respuesta y que tramitan en otro expediente.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni sigue su curso. La tienen el juez Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Allí se supo esta semana, por ejemplo, que el jefe de Gabinete había acordado con su amigo Pablo Feijóo pagarle la remodelación del departamento que hoy habita en el barrio porteño de Caballito, pero sin sumárselo al valor de la propiedad para que no impactara en el cálculo de impuestos.

Otro dato hallado por el fiscal, a partir del levantamiento del secreto bursátil, fiscal y bancario de Adorni y Angeletti, es que hay dos cajas de seguridad a nombre de la esposa del funcionario. Por ello dispuso que se le ordene al Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. que remita una ampliación del informe que ya había enviado sobre la pareja en cuestión. En relación con las cajas de seguridad “de titularidad de Bettina Julieta Angeletti”, el banco deberá:

• informar la nómina de personas autorizadas para acceder a las cajas de seguridad;
• aportar copia de los registros de ingresos y egresos (libros, actas, planillas y/o cualquier otro medio) consignando fechas, horarios e identidad de las personas que hubieran accedido a ellas en el período comprendido desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad;
• remitir las filmaciones de los accesos al sector de cajas que permitan identificar los ingresos y egresos de personas vinculadas a dichas cajas en ese mismo período.

El fiscal también detectó que en el extracto bancario de Adorni surgen débitos bajo el concepto “com. caja de seguridad”, por lo que reclamó al banco que informe “a qué caja/s de seguridad corresponden y aporte los datos que permitan su correcta identificación”.

Las cajas de seguridad cobran especial relevancia para la investigación toda vez que los investigadores concluyeron que los principales gastos de la familia Adorni en viajes no fueron abonados por medios bancarios. Tampoco hay constancias de grandes transferencias que podrían explicar pagos vinculados a remodelación de propiedades.

Tampoco pudo reconstruir la fiscalía como hizo Adorni para pagar 30 mil dólares a las dos policías que le prestaron 100 mil para comprar la casa de fin de semana en el Club Golf Indio Cua, ni de donde obtuvo los 30 mil dólares que pagó por encima de los 200 que supuestamente le financiaron dos mujeres para compraste la casa de Caballito. Gastos que por ahora no encuentran justificación.

Los viajes de la familia Adorni son, en sí mismos, otra línea de investigación que se suma a la de las propiedades adquiridas desde que el contador y periodista llegó a la función pública. El fiscal Pollicita analiza una larga lista de viajes que hizo Adorni —con y sin su familia— desde antes de asumir hasta la actualidad. Busca comparar si hubo cambios en los destinos y en el nivel de los asientos comprados para cada viaje.

A partir de información que recibió de Migraciones y de distintos aeropuertos locales, el fiscal reconstruyó una serie de viajes protagonizados por Adorni, más allá del que hizo este año a Punta del Este junto con toda su familia y con su amigo Marcelo Grandio en un taxi aéreo que dijo haber pagado aunque las facturas estén a nombre de su amigo y de la empresa de este.

De los registros incorporados al expediente surge que Adorni y su mujer se trasladaron en avión a Mar del Plata en el inicio de la gestión libertaria. Estuvieron ahí los días 3 y 4 de febrero de 2024. No está claro aún quién pagó ese viaje al mismo destino al que fue el presidente a besarse sobre un escenario con la artista Fátima Flórez en los primeros meses de su mandato. El entonces vocero estaba entre los que aplaudieron ese beso a rabiar desde las gradas.

Del 20 al 25 de junio del mismo año los Adorni visitaron Bariloche. Ese viaje fue revelado días atrás por el periodista Ari Lijalad en El Destape. Las huellas del paseo también están en los registros a los que accedieron los investigadores judiciales, que ahora buscan establecer quién y cómo lo pagó, dado que esa información no surge de los extractos bancarios del funcionario.

A poco de volver de Bariloche, el entonces vocero presidencial habría viajado con su familia a Río de Janeiro, Brasil. El viaje, realizado a través de Aerolíneas Argentinas, habría durado diez días, en julio de 2024.

Otro registro llamó la atención de los investigadores: un viaje aparentemente realizado por Adorni y su familia a Iguazú, Misiones. Habrían viajado en un vuelo chárter de Aerolíneas entre el 30 de octubre de 2025 y el 4 de noviembre del mismo año. Fue justo antes de asumir como jefe de Gabinete. Bondades de un país en el que la economía no despega, pero Adorni sí.