Lilia Lemoine queda al frente de Juicio Político y el oficialismo refuerza el control de una comisión clave

Lilia Lemoine fue designada como nueva presidenta de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, un espacio estratégico que tiene la potestad de habilitar –o bloquear– los pedidos de enjuiciamiento contra el Presidente, sus ministros y los jueces de la Corte Suprema por mal desempeño u otros causales.

La elección se resolvió con la mayoría que ya tenía garantizada el oficialismo dentro de la comisión, en línea con una práctica histórica: colocar en ese lugar a dirigentes de extrema confianza del Poder Ejecutivo. En ese marco, la llegada de una de las diputadas más cercanas a Javier Milei consolida el control libertario sobre uno de los ámbitos más sensibles del Congreso.

La designación fue leída como una señal política clara del momento que atraviesa el Gobierno frente a causas delicadas. Legisladores opositores sostienen que el oficialismo busca “blindar” la comisión ante investigaciones sensibles y remarcó que la elección de Lemoine responde a la necesidad de contar con figuras de absoluta lealtad para sostener esa estrategia.

En ese sentido, el foco está puesto especialmente en el impacto del caso de la criptomoneda $LIBRA, que motivó la mayoría de las presentaciones opositoras y en el que también aparecen mencionados Karina Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La comisión arrastraba una virtual parálisis desde 2024, cuando fracasó su intento de conformación en medio de una fuerte interna libertaria. En aquel episodio, Marcela Pagano iba a asumir la presidencia, pero su designación fue desconocida por Martín Menem, lo que desató un conflicto político que terminó con la salida de Oscar Zago del bloque oficialista.

Ese enfrentamiento derivó en una escalada de tensión dentro del propio espacio, con escenas de alto voltaje en el Congreso: cruces, gritos y empujones entre diputados libertarios, en medio de maniobras para impedir el quórum que hubiera ratificado a Pagano al frente de la comisión. Incluso se registraron episodios de agresión física entre legisladoras del mismo bloque, reflejando una interna abierta que tuvo a Lemoine y Pagano como protagonistas.

Con la designación de Lemoine, el oficialismo busca cerrar ese capítulo y ordenar la conducción de la comisión, colocando a una dirigente alineada sin matices con la estrategia del Gobierno.

La reunión constitutiva se desarrolló sin sobresaltos ni contratiempos. La ausencia de Pagano —quien no integra formalmente la comisión y, por lo tanto, no estaba obligada a asistir— aparece como uno de los factores que explican el clima de tranquilidad que predominó durante el encuentro.

El único momento llamativo se dio durante la presentación de Lemoine. A diferencia de lo que suele ocurrir en estos casos, donde los legisladores destacan la trayectoria y antecedentes de quienes asumirán cargos en las comisiones, Gabriel Bornoroni optó por una exposición mínima: sostuvo que sus antecedentes eran de “público y notorio conocimiento” y pidió directamente su aprobación. El contraste se hizo evidente cuando el propio Bornoroni presentó a Sebastián Pareja como secretario primero, con referencias más extensas a su carrera política.

El movimiento también tiene una lectura preventiva: actualmente existen más de media docena de pedidos de juicio político contra Javier Milei impulsados por distintos sectores de la oposición. Entre ellos, figuran presentaciones de Juan Marino, Germán Martínez, Agustina Propato y Aldo Leiva (Unión por la Patria); Esteban Paulón (Provincias Unidas); y las ex diputadas de izquierda Vanina Biasi y Mónica Schlotthauer.

La mayoría de estas iniciativas están vinculadas al caso $LIBRA, aunque también hay planteos por los dichos del Presidente en el acto por Malvinas de 2025, su política exterior alineada con Estados Unidos e Israel, y cuestionamientos a la constitucionalidad del DNU 70/23.

En ese contexto, Marino —quien además presentó una ampliación de uno de los pedidos— advirtió sobre las herramientas parlamentarias disponibles para forzar el tratamiento: “Si intentan bloquear su funcionamiento eso no implica que el recinto no pueda votar un emplazamiento con mayoría simple. Hoy puede ser que no tengamos los votos, pero su desgobierno y los escándalos de corrupción —sobre todo el caso Adorni, que pasó de ser el candidato estrella a la mochila de plomo— van a lograr que tengamos los números”.

En cualquier caso, para que un juicio político avance se requiere una mayoría agravada de dos tercios en la Cámara de Diputados, un número que la oposición no logró reunir ni siquiera antes del último recambio legislativo. Con el nuevo equilibrio de fuerzas, ese escenario aparece todavía más lejano.