Ley Bases: cuáles son las batallas cruciales que se libran en Diputados

La nueva Ley Bases y el paquete fiscal se tratan desde este mediodía en una jornada con intensos cruces, luego de la negociación con bloques dialoguistas para conseguir la media sanción y evitar el fracaso legislativo que el Gobierno sufrió en febrero.

Tras las reuniones que se dieron en el despacho de Martín Menem la semana pasada con la presencia de Hacemos Coalición Federal, parte del radicalismo, el PRO e Innovación Federal junto con funcionarios del Ejecutivo, se lograron los acuerdos suficientes para llevar al recinto las iniciativas.

El propio Menem, explicaba que la convocatoria la haría sólo si tenía asegurados los votos. Sin embargo, siguen existiendo algunos puntos sensibles en los que no se logró el consenso y habrá discusiones álgidas durante la jornada.

Uno de los puntos centrales de la discusión tiene que ver con la reforma laboral “reducida” que se incluyó la ley bases y que no formaba parte originalmente del proyecto, ya que era parte del DNU 70/2023 que fue suspendido por la justicia.

A raíz de un pedido de incorporación de un proyecto de la UCR, el oficialismo la sumó al resto de los capítulos de la ley ómnibus, en un tire y afloje tanto con el propio radicalismo, al que no le aceptaron el proyecto tal cual, como Pichetto que proponía que sean sólo algunos puntos los que se incorporen para no empantanar la discusión del resto de los artículos.

La reforma sufrió una “poda”, ya que inicialmente contaba con 60 artículos que pasaron a ser 17. En ella se incluyen la eliminación de las multas laborales a aquellos empleadores que registren a sus trabajadores; la modificación del período de prueba a ocho meses para las empresas que tengan entre 6 y 100 empleados y un año para las que tienen menos de cinco trabajadores; y la creación del Fondo de Cese como institución que se haga cargo de las indemnizaciones.

Unión por la Patria y la izquierda ya manifestaron su oposición a la incorporación de la reforma “por la ventana” y sostendrán su postura en el recinto. En tanto que el radicalismo buscará exponer a quienes sean parte de la “casta sindical”, dado que las propuestas para incluir cláusulas que permitan limitar los aportes “solidarios” que las empresas y trabajadores hacen de manera obligatoria para sostener la caja de los gremios, no forman parte del texto.

Por otra parte, el restablecimiento de los impuestos al tabaco que formaban parte de la ley original tratada durante el verano, en su nueva versión no fue incluido. Su tratamiento será pedido tanto por el radicalismo como por Hacemos Coalición Federal antes de las disposiciones finales.

La eliminación de la moratoria previsional también será un punto sensible durante la discusión en el recinto. A pesar de que en el proyecto, el radicalismo logró sumar una “Prestación Previsional Proporcional por aportes parciales”, esto no satisface a la oposición más dura que denuncia que a partir de esta modificación, quedarán sin posibilidad de jubilarse gran cantidad de personas, en su mayoría, mujeres. De todas maneras, no peligra su avance en Diputados.

Respecto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), fuentes parlamentarias comentan en los pasillos de Diputados que “hay mucha oposición al tema”. Sin embargo, suponen que saldría con la redacción que tiene actualmente, en la que se plantea un pago de dividendos de los beneficiarios de un 7% en los primeros 7 años pagan y luego una reducción a 3.5%.

La principal crítica que se hace sobre este punto, tiene que ver con que se le otorgarán beneficios impositivos y fiscales a quienes realicen grandes inversiones en Argentina pero no se contempla a las pymes, que motorizan el 80% de la economía. De esta manera, lo que manifiestan sus detractores, es que se beneficia a las grandes empresas en detrimento de las más chicas.

También serán centrales las discusiones de los primeros 3 artículos de la ley: delegaciones de facultades al Ejecutivo, junto con la declaración de emergencia y la facultad para disolver organismos. Los dos primeros son resistidos principalmente por UP y el FIT, en tanto que el tercero, que otorga la posibilidad al Ejecutivo de disolver organismos estatales -y que agrega una lista de excepciones donde se encuentran las Universidades Nacionales, el CONICET, el Malbrán, la ANMAT, el ENACOM, el INCAA, entre otros- peligra por su redacción. Sus detractores advierten que como está escrito el artículo, sólo se prohibe la disolución de los exceptuados, pero podrían ser modificados, reorganizados o fusionados; al tiempo que señalan que la lista de excepciones es "arbitraria" y podrían ser incluídos otros organismos más.

Además de la oposición dura, la Coalición Cívica manifestó su voluntad de rechazo. Por su parte, la UCR cuenta por lo menos con 6 diputados -con chances de aumentar- que posiblemente se nieguen a apoyar al Gobierno en este punto, junto con algunas voluntades del bloque Hacemos Coalición Federal y los dos santacruceños. Hasta el cierre de esta nota, los números dan para su aprobación, sin embargo el poroteo no es holgado para el oficialismo. Habrá que esperar a la votación para evaluar el resultado final.