A pesar de haberse alejado de la función pública, el exvocero presidencial y ex jefe de Gabinete Manuel Adorni no logra desembarazarse de la causa judicial que lo obligó a renunciar. Tal como había pedido su defensa, en los últimos días se llevó adelante la medida judicial con la que buscaba demostrar que tiene acceso a las billeteras virtuales con las que pretende probar el origen de más de medio millón de dólares que no había declarado hasta su última ratificación patrimonial. Sin embargo eso no alcanza para demostrar de dónde salió el dinero.
Las claves de Adorni y los fantasmas que el Gobierno no logra espantar sobre su giro malvinero
La Justicia confirmó que Manuel Adorni tiene acceso actual a las billeteras virtuales donde se movieron más de US$500.000, pero esa verificación no permite determinar quién las controlaba entre 2014 y 2018. Mientras avanza el peritaje sobre 41 movimientos y ocho direcciones, otra denuncia complica al Gobierno: la PIA investiga a funcionarios de Energía por el ingreso de Harbour Energy al registro de empresas petroleras.
La verificación criptográfica se hizo en la sede de la Fiscalía Federal n.º 11, a cargo de Gerardo Pollicita. El resultado de la medida permitió establecer que se encuentran en poder de la defensa las claves de acceso para la administración de las direcciones en cuestión, al haber demostrado la capacidad criptográfica de generar una firma válida. Traducido: hoy puede mover esas billeteras. Pero eso no equivale a decir que Adorni las controlaba entre 2014 y 2018, cuando por allí pasó el dinero. La medida acredita acceso actual, no autoría histórica. Ahí empieza el verdadero problema.
Ahora el Departamento Técnico Cibercrimen de la Policía Federal Argentina tiene por delante un cuestionario que elaboró la Fiscalía. Son 41 movimientos y 8 direcciones entre el 21/10/2014 y el 11/09/2018.
“¿Existe alguna herramienta técnica que permita establecer que quien posee las claves hoy en día no es la misma persona que controló las direcciones entre los años 2014 y 2018? En ese sentido, ¿existe alguna forma de saber desde qué momento se entró en posesión de las claves?”, son algunas de las preguntas que la Fiscalía les hizo a los especialistas. El objetivo sigue siendo el mismo: determinar cómo hizo Adorni para mudarse, empezar a viajar por el mundo y comprarse una casa de fin de semana cuando llegó a la función pública.
La suerte de Adorni está librada a lo que pueda demostrar. Los intentos por realizar gestiones políticas que pudieran ayudarlo fracasaron por movimientos torpes, como el que hizo el presidente cuando lo acompañó al Congreso a alentarlo en su presentación del informe de gestión de 2026. Eso fue tomado por los investigadores como una intolerable presión.
El próximo caso que puede generar fuertes dolores de cabeza para el Poder Ejecutivo es el que se abrió esta semana con una denuncia de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y que coloca bajo la lupa a la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti.
Se le achaca haber autorizado el ingreso de una empresa sancionada desde 2013 al registro de empresas petroleras. La empresa estaba inhabilitada por haber realizado actividades hidrocarburíferas cerca de Malvinas sin autorización del Gobierno argentino. El caso impacta de lleno en el amanecer malvinero del Gobierno de Javier Milei, el hombre que hasta su tercer año de gestión no daba importancia a la cuestión Malvinas y comentaba su admiración por la ex primera ministra británica Margaret Thatcher.
La empresa en cuestión es Harbour Energy, la misma persona jurídica que Premier Oil, sancionada en 2013 por operar sin autorización en Malvinas e inhabilitada para operar en toda la Argentina hasta 2028, según señaló el diputado nacional Maximiliano Ferraro.
“El Gobierno la premió dos veces”, detalló en su cuenta de X: una en 2024, cuando aprobó la cesión del 2,5% del área offshore Tauro-Sirius, en la Cuenca Austral frente a Tierra del Fuego, con Harbour como socia del área, y la otra en abril, cuando “Energía autorizó a Southern Energy a exportar libremente GNL” y “le otorgó los beneficios del RIGI para un proyecto de USD 2.825 millones en Río Negro”. Se trata de una firma en la que Harbour tiene una parte del capital accionario.
“La Ley 26.659 no pide control ni mayoría; alcanza también a los accionistas. Y prohíbe al Estado beneficiar a quien está inhabilitado”, recordó el diputado.
La denuncia de la PIA fue revelada esta semana por Minuto Uno, en C5N, y alcanza también al antecesor de Tettamanti, Eduardo Rodríguez Chirillo, al subsecretario de Hidrocarburos, Federico Veller y a Harbour Energy Argentina.
Abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y cohecho son los delitos que podrían haberse cometido. La causa ya está en Comodoro Py. La tiene el Juzgado Federal n.º 11, interinamente a cargo del juez Ariel Lijo. El fiscal es Carlos Stornelli, el mismo que supo ir a aplaudir a Milei al Congreso.
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