La UCR le pidió a la Oficina Anticorrupción información sobre presuntas irregularidades en el viaje de Javier Milei a España

Quieren determinar quién financió el viaje y cómo se utilizaron los recursos, para poder establecer si el jefe de Estado incumplió con la Ley de Ética Pública.

La diputada y vicepresidenta del bloque de la UCR en la Cámara baja, Karina Banfi, solicitó a la Oficina Anticorrupción un pedido de información sobre los detalles del viaje del presidente Javier Milei a España para saber si mismo incumplió con la Ley de Ética Pública.

"Además presenté un pedido de acceso a la información para conocer los detalles del viaje a España. ¿Tuvo agenda oficial? ¿El secretario de Culto era parte de la comitiva? Gastos. ¿Quién los pagó? Tenemos la libertad de saber sobre los actos de gobierno y cómo se usan los recursos", escribió la diputada en su cuenta de X en una publicación en la que compartió la nota que le envió a Alejandro Melik, a cargo de la Oficina Anticorrupción.

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En la nota, Banfi le pide a la oficina que evalúe la posibilidad que existan hechos de incompatibilidad en el ejercicio de la función en el viaje que Milei realizó a Madrid entre el el 16 y 20 de mayo.

"Según la información disponible, las principales actividades del Sr. Presidente fueron la participación en el evento político partidario Europa Viva 24 organizado por la agrupación española Vox y la presentación de su libro organizada por la empresa que lo edita, Grupo Planeta, a lo que se agrega una reunión con empresarios sobre la que no constan detalles acerca de su relevancia y objeto. Según la misma información disponible, el traslado a España se realizó en el avión presidencial ARG-01. Hasta el momento, no se cuenta con información sobre si los gastos de estadía del Presidente y de su comitiva fueron cubiertos también con presupuesto público o por quienes invitaron al Presidente a las actividades que motivaron el viaje", expresó la diputada en el pedido de información

"La Ley de Ética Pública 25.188, en su artículo 2, establece que los funcionarios deben: ´...inc. b) Desempeñarse con la observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la presente ley: honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana; inc. c) Velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular; inc. g) abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa´", se agrega en el texto.

Ante esta situación y teniendo en cuenta la información disponible y la normativa vigente, Banfi solicitó a la Oficina Anticorrupción un informe para saber si considera que un viaje motivado por las actividades mencionadas y financiado total o parcialmente con fondos públicos cumple con los "requisitos de austeridad, de velar por el interés público sobre el particular y de abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado en beneficio particular o de la promoción de un producto".

"Asimismo, le solicito especifique si existen normas sobre discriminación de gastos relativos a actividades no oficiales (como las mencionadas) respecto de gastos inherentes al hecho de ejercer la presidencia (tales como la seguridad presidencial), y si se aplicaron en el caso de este viaje. La consulta aplica tanto al viaje del Presidente de la Nación como a la participación de otros funcionarios que formaron parte de las actividades mencionadas o de la comitiva presidencial, tales como el Secretario de Culto, Sr. Francisco Sánchez, o la Secretaria General de la Presidencia, Sra. Karina Milei", puntualizó la diputada de la UCR.

"Es esencial para la ciudadanía y las instituciones tener claridad respecto al objeto de los viajes oficiales del Presidente, especialmente cuando involucran el uso de recursos públicos. La transparencia en la asignación y uso de estos, fortalece la confianza en las instituciones democráticas y permite una evaluación informada de la gestión pública, un pilar fundamental de cualquier democracia", completó.

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