La trama de los escandalosos pagos irregulares en la Armada: quiénes cobraron y cómo funcionaba la maniobra

Las operaciones se produjeron entre julio de 2022 y enero de 2026 y fueron descubiertas a partir de una revisión interna que terminó revelando algo especialmente relevante: los movimientos no tenían las características de simples errores administrativos, sino que se habían producido mediante modificaciones posteriores de los archivos utilizados para ordenar los pagos bancarios.

La denuncia fue presentada el 15 de septiembre por el capitán de navío contador Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada, quien pidió que se investiguen los hechos, se determine quiénes intervinieron y se establezcan las eventuales responsabilidades penales.

En febrero de 2026, durante una revisión de los haberes correspondientes a enero, se detectó que cinco agentes del Departamento Revista habían cobrado suplementos que no les correspondían. En ese momento, la propia Armada aclara que no podía determinar si se trataba de errores involuntarios o de acciones deliberadas y los agentes reintegraron las sumas.

Pero ese hallazgo hizo que se ampliaran los controles y se revisaran períodos anteriores. Y allí apareció el dato que cambió el escenario.

La pista: pagos que no aparecían en los recibos

La revisión encontró diferencias entre los haberes efectivamente liquidados y los archivos que eran enviados al Banco de la Nación Argentina (BNA) para concretar las acreditaciones.

Según la denuncia, aparecieron pagos por conceptos que no surgían de las liquidaciones, importes incorporados a los lotes de pago que no figuraban en los recibos de haberes, duplicaciones y registros correspondientes a personas cuya vinculación con la Armada ni siquiera podía establecerse inicialmente.

La presentación destaca que las irregularidades no estaban distribuidas al azar.

“Las novedades no presentaban las características de un error generalizado o masivo de liquidación, sino que se encontraban concentradas en un grupo acotado de personas, algunas de ellas recurrentes en distintos períodos.”

Y agrega otro elemento central: se encontraron indicios de que determinados registros habían sido incorporados manualmente después del cierre de las liquidaciones.

La Armada conformó entonces una comisión integrada por especialistas en contabilidad, liquidación de haberes, sistemas informáticos y análisis de datos.

Como primera medida, puso bajo resguardo los equipos utilizados para preparar y transmitir al Banco Nación los archivos de acreditaciones. La actividad quedó documentada mediante un acta y se realizaron copias de la información sin alterar los contenidos originales.

Después se compararon, mes por mes y persona por persona, los datos del Sistema de Haberes, el Sistema Haberes-Web, los recibos publicados y los registros vinculados con las acreditaciones bancarias.

El resultado permitió establecer que las inconsistencias se iniciaban en julio de 2022 y se extendían hasta enero de 2026.

Cómo era la maniobra, según la denuncia

La Armada analizó las distintas versiones de los archivos que se confeccionaban mensualmente para ser enviados al Banco Nación y los archivos de confirmación generados por la entidad bancaria. Esa comparación permitió detectar modificaciones sobre los archivos originalmente generados por el Sistema de Haberes.

Según consta, “dichas modificaciones tuvieron como resultado la incorporación de acreditaciones a favor de un grupo determinado de personas por importes superiores a los que correspondían según sus respectivas liquidaciones y, en otros casos, sin respaldo en haberes liquidados”

La denuncia sostiene que, una vez generados los archivos destinados al pago bancario, los registros eran restituidos a sus valores originales, de modo que las modificaciones no quedaran reflejadas posteriormente en los recibos publicados en el sistema.

Es decir, según la reconstrucción administrativa, los pagos adicionales podían introducirse después de los controles ordinarios de liquidación y antes de la transmisión definitiva al banco, mientras que luego los registros internos volvían a mostrar los valores originales.

El dato adquiere especial importancia porque el sistema procesa mensualmente los haberes de más de 24.000 personas. Para la Armada, la reiteración de los casos, la aparición recurrente de determinados beneficiarios y las modificaciones posteriores al proceso ordinario permitieron concluir que las inconsistencias excedían las características de simples errores de procesamiento.

Los cuatro beneficiarios que recibieron casi la mitad del dinero

De las 23 personas identificadas, la denuncia pone bajo la lupa especialmente a cuatro personas que no tenían ninguna vinculación laboral ni funcional con la Armada Argentina.

Entre las cuatro recibieron 184 acreditaciones indebidas por $434.200.718,04, equivalente al 44,25% del monto histórico total detectado.

Los casos individualizados son:

• María del Carmen Prieto: 46 acreditaciones por $152.259.495,86.
• Damián Andrés Santana: 47 acreditaciones por $99.496.225,47.
• Amalia Cristina Díaz: 46 acreditaciones por $91.978.048,38.
• Natalia Carolina Yahia: 45 acreditaciones por $90.466.948,33.

El caso de Prieto tiene además una particularidad que aparece expresamente señalada en la denuncia: es cónyuge del entonces jefe del Departamento Revista, capitán de navío contador Ariel Baltasar Atanasoff.

La declaración clave del jefe que reconoció los pagos manuales

A partir de los hallazgos se inició una investigación administrativa y se tomó declaración a personas vinculadas con las operaciones. Entre ellas declaró Atanasoff, quien por entonces estaba al frente del Departamento Revista.

Según consta en la denuncia, cuando fue interrogado por las acreditaciones a favor de las cuatro personas ajenas a la Armada, reconoció conocer las operaciones y manifestó que las acreditaciones se realizaban manualmente.

La presentación sostiene que Atanasoff declaró que el objetivo había sido “favorecer económicamente” a esas personas y que era él quien decidía las operaciones, sus beneficiarios y los importes involucrados.

También, siempre según la denuncia, afirmó que las ejecutaba personalmente y que “ninguna otra persona participaba junto con él en la adopción de dichas decisiones”.

En relación con los cuatro beneficiarios, la Armada señala que Atanasoff reconoció conocer las acreditaciones efectuadas a favor de Santana, Díaz y Yahia y haber decidido su realización con esa finalidad.

La documentación reunida durante la investigación administrativa, agrega la denuncia, resultó concordante con esas manifestaciones y permitió verificar que esas cuatro personas no pertenecían a la Armada y carecían de liquidaciones de haberes que justificaran los pagos.

Otro caso: un oficial que cobraba en el país mientras estaba destinado afuera

La revisión también detectó situaciones particulares entre los restantes beneficiarios.

Uno de los casos corresponde al capitán de corbeta contador Roberto Eduardo Castro. La denuncia señala que durante determinados períodos recibió acreditaciones en el país al mismo tiempo que percibía sus haberes mientras estaba destinado en el exterior.

El dato es relevante porque el Sistema de Haberes identifica de manera diferenciada al personal destinado fuera del país y lo excluye automáticamente de los archivos de acreditación de haberes en Argentina.

Por eso, según la presentación, esos pagos solamente pudieron concretarse mediante “la incorporación de registros por fuera del proceso automático de generación de los lotes”.

También aparecen acreditaciones a favor de la AGCV Luana Magalí Piedigrossi, cónyuge de Castro, durante períodos en los que se encontraba haciendo uso de licencia sin goce de haberes.

La Armada dejó asentado que las explicaciones brindadas por los restantes perceptores quedaron incorporadas a la investigación administrativa y que será la Justicia la que deberá establecer, en cada caso, qué grado de conocimiento y eventual participación tuvo cada uno.

El dato que aportó el Banco Nación

La investigación tampoco quedó limitada a los registros internos de la Armada. La fuerza solicitó información adicional al Banco Nación sobre determinadas personas vinculadas con las tareas de preparación y transmisión de los archivos de acreditación.

Cuando se confeccionó el informe del 2 de septiembre de 2026, esa información todavía estaba pendiente. Pero posteriormente el banco aportó nuevos datos que permitieron verificar nuevas acreditaciones indebidas y completar la cuantificación de las operaciones.

Esos elementos fueron incorporados a la actualización de la documentación que acompaña la denuncia.

Ya devolvieron más de $42 millones

La denuncia también detalla que algunos de los beneficiarios restituyeron total o parcialmente las sumas cobradas. En particular, se identificaron transferencias realizadas a la cuenta operativa del sistema financiero de la Armada bajo el concepto “devolución de haberes”.

Entre ellas aparecen cuatro transferencias correspondientes a importes cobrados en exceso en enero de 2026 por Ariel Vicente Gallo, Roberto Eduardo Castro, Cristian Sebastián Lobato y Juan Carlos Barrios.

Además, el 11 de septiembre de 2026, los capitanes de corbeta Gerardo Horacio Heredia, Anabela Alejandra Farias y Mathías Agustín Pieroni realizaron transferencias por la totalidad de las sumas que habían percibido indebidamente.

Hasta la fecha de la denuncia, la Armada contabilizó $42.574.267,63 en devoluciones.

De ese modo, frente a los $981.148.567,88 correspondientes al monto histórico de las acreditaciones indebidas, la diferencia ascendía a $938.574.300,25.

La fuerza aclara expresamente que las devoluciones no modifican el monto histórico de las acreditaciones detectadas, sino que se consignan por separado para reflejar cuánto fue restituido y cuál es la diferencia pendiente.

Qué hizo la Armada cuando apareció el vínculo con Atanasoff

Hay otro dato que la denuncia busca dejar claro: la situación del entonces jefe del Departamento Revista no fue detectada desde el comienzo.

La presentación afirma que, en la primera etapa, no existían elementos que permitieran vincular a Atanasoff con las inconsistencias. De hecho, señala que no figuraba entre quienes habían recibido sumas en exceso y que, con la información disponible en ese momento, no había indicios para inferir su participación.

La situación cambió en agosto de 2026, cuando la profundización de la revisión de períodos anteriores permitió identificar entre los beneficiarios a su esposa, María del Carmen Prieto.

La propia denuncia califica esa circunstancia como “un elemento objetivo que vinculaba personalmente al entonces Jefe del Departamento Revista con los hechos bajo análisis”.

A partir de allí, la Armada dispuso “de inmediato y con carácter preventivo” el relevo de Atanasoff de sus funciones y ordenó preservar el equipo informático utilizado para preparar y transmitir los lotes de pago al Banco Nación.

Las pruebas que ahora quedan en manos de la Justicia

La denuncia no se basa solamente en una planilla con diferencias de dinero. La Armada acompañó documentación técnica y administrativa para respaldar los hechos.

Entre las pruebas ofrecidas figuran:

• Un informe del 20 de agosto de 2026 de la Jefatura de Administración Financiera sobre las primeras irregularidades.
• El informe “Revisión de liquidaciones y acreditaciones de haberes”, del 2 de septiembre de 2026.
• El acta de puesta en uso de los equipos informáticos.
• El detalle de las novedades detectadas.
• La planilla denominada “Resumen de novedades detectadas”.
• La relación de archivos analizados.
• Los resúmenes de comprobantes de transferencias remitidos por el Banco Nación.
• La actualización del resumen de novedades.
• El informe final del oficial investigador que intervino en las actuaciones administrativas.
• Las declaraciones recibidas durante esa investigación.

Además, la Armada informó que conserva en la Jefatura de Administración Financiera otra documentación, registros, archivos y soportes informáticos que podrían resultar relevantes para esclarecer lo ocurrido.

Por eso, uno de los pedidos centrales al fiscal es que se dispongan las medidas probatorias necesarias y se individualice a quienes pudieron haber intervenido en las distintas operaciones.

La fuerza, además, dejó expresamente a disposición de la autoridad judicial “la documentación, registros, equipos y soportes informáticos relacionados con los hechos denunciados que le sean requeridos”.

Una investigación que empezó con cinco suplementos y terminó en 645 pagos

Lo que comenzó como una revisión de cinco agentes que habían cobrado suplementos que no correspondían terminó revelando un esquema mucho más amplio: 645 acreditaciones, 23 beneficiarios, casi $1.000 millones involucrados y registros que, según la denuncia, eran modificados manualmente después de los controles ordinarios y antes de que los archivos fueran enviados al Banco Nación.

El caso quedó radicado en el juzgado federal a cargo de Sebastián Ramos. Ahora será la investigación judicial la que deberá determinar quiénes participaron, cómo se realizaron exactamente las modificaciones, quiénes conocían el mecanismo y qué responsabilidad penal corresponde en cada caso. La propia Armada aclara en su presentación que esa determinación deberá surgir del proceso judicial.