Mientras el Gobierno busca apoyo político y financiero en Estados Unidos, el Congreso comienza a activar uno de los mecanismos de control que tiene sobre el Poder Ejecutivo: la moción de censura al jefe de Gabinete. Ayer se conoció que el jueves pasado hubo una reunión de la que participaron Barry Bennett, asesor de Trump, Santiago Caputo, y jefes de los principales bloques dialoguistas: Rodrigo De Loredo (UCR), Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) y Cristian Ritondo (PRO). En simultáneo, el FMI y el gobierno norteamericano insisten en la necesidad de que Argentina garantice gobernabilidad interna, un punto que podría verse comprometido si prospera una censura a uno de los principales interlocutores del Ejecutivo en el Congreso.
Aunque todavía no hay fecha definida para su tratamiento en el recinto, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamentos ya emitió tres dictámenes que ponen bajo la lupa la actuación de Guillermo Francos en torno al incumplimiento de la ley 27.793, que declara la emergencia en materia de discapacidad.
El dictamen más fuerte, que logró 29 firmas, fue impulsado por Unión por la Patria y un sector de Encuentro Federal, y propone interpelar a Francos con la posibilidad de avanzar en una moción de censura, una herramienta constitucional que habilita al Congreso a remover al jefe de Gabinete mediante una mayoría absoluta (129 votos).
Según argumentan, Francos incumplió su obligación de asignar partidas presupuestarias para ejecutar la norma vigente. “No podemos no hacer nada como Congreso cuando no se cumple una ley. El Congreso no puede fingir demencia. Estamos hablando del Estado de Derecho que hay que defender a rajatabla”, señaló Oscar Agost Carreño, uno de los impulsores del dictamen. “Es verdad que Francos es dialoguista, sirve al Congreso tener con quién hablar, pero no es el principal valor. El jefe de Gabinete debe cumplir la ley, siempre”, añadió. Desde UxP, Daniel Arroyo calificó la situación como “un hecho inconstitucional, absurdo y brutal para las personas con discapacidad”.
En el otro extremo, un dictamen de rechazo, con 19 firmas, fue firmado por La Libertad Avanza y una parte mayoritaria del PRO. Desde ese sector, aseguran que Francos actuó dentro del marco legal, incluso ante la falta de presupuesto aprobado. La diputada Nadia Márquez argumentó que “el Congreso debe decirle al Ejecutivo de dónde sacar las partidas para aplicar la ley de discapacidad. El ministro cumplió con la ley vigente. Entiendo que a alguien no le guste, pero está obrando de acuerdo a derecho”. En la misma línea, Silvana Giudici (PRO) sostuvo que “la moción de censura no reemplaza el juicio político, es una sanción política. Pero cuando se aplica desproporcionalmente, lo que está generando es un intento de desestabilización. Este Congreso está con ánimos destituyentes: una moción de censura genera un desequilibrio de los poderes y lejos de cumplir con su rol constitucional, lo que va a hacer el Congreso es excederse”.
Un tercer dictamen, que reunió 7 firmas, fue presentado por el bloque Democracia para Siempre junto al cordobés Juan Brugge, aliado del gobernador Martín Llaryora. Este texto propone la interpelación pero no menciona expresamente la moción de censura. Sin embargo, advierte que el jefe de Gabinete “deberá asumir las consecuencias previstas en la Constitución Nacional” si persiste en el incumplimiento de la ley. El texto señala además que “el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Dr. Guillermo Alberto Francos, tiene la obligación legal de cumplir con el mandato establecido por el artículo 19 de la ley 27.793 y asignar las partidas presupuestarias necesarias para ejecutar la ley de emergencia en discapacidad”.
La moción de censura es una herramienta de control parlamentario que permite al Congreso remover al jefe de Gabinete si considera insatisfactorias sus respuestas tras una interpelación. A diferencia del juicio político, no requiere causales explícitas ni implica sanción penal: se trata de una responsabilidad política. Aunque es habitual en sistemas parlamentarios, en la Argentina es un recurso inédito. El procedimiento establece que la Cámara de Diputados puede interpelar al jefe de Gabinete en sesión pública y, si las explicaciones no resultan satisfactorias, votar una moción de censura. Si se alcanza la mayoría absoluta, el funcionario debe dejar el cargo.
No hay impedimento para que el Presidente lo vuelva a designar, pero políticamente representaría un fuerte golpe a la estabilidad del Ejecutivo. En el contexto actual, además, tendría un impacto simbólico negativo mientras el Gobierno intenta exhibir fortaleza institucional en sus negociaciones externas. Si avanza, será la primera vez que esta herramienta constitucional llegue al recinto con respaldo significativo.
El resultado no sólo afectará a Francos: será también una prueba de fuego para medir la capacidad del oficialismo de construir acuerdos en un Congreso fragmentado, en medio de la presión social por el cumplimiento de leyes sensibles y la exigencia internacional de gobernabilidad duradera.
