La Ley de Tierras y una decisión que no toca la cuestión de fondo: qué dice el fallo

“A pesar de que existe una clara y reiterada jurisprudencia de esta Corte respecto de los recaudos constitucionales para la configuración del caso judicial, todavía existen tribunales nacionales que insisten en reconocer legitimaciones notoriamente alejadas de ella y, en consecuencia, en habilitar la tramitación de actuaciones distanciadas también de la existencia de una ‘causa’ que, conforme con la Constitución Nacional, habilite la intervención de los tribunales federales”, sostuvo la sentencia.

No obstante, el máximo tribunal aclaró: “Lo aquí decidido se limita al rechazo de la demanda con fundamento en la falta de legitimación de la actora y la ausencia del requisito constitucional de caso o controversia. En consecuencia, el presente pronunciamiento no supone abrir juicio sobre la validez constitucional del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023 −en cuanto deroga la denominada “Ley de Tierras Rurales”− ni implica interferencia alguna sobre la intervención del Poder Legislativo contemplada en el artículo 99 inciso 3° de la Constitución Nacional respecto de la mencionada norma”.

El fallo de la Corte

La Corte Suprema señaló que lo primero que había que determinar en ese proceso era si la agrupación de ex combatientes estaban legitimados para promover la acción porque “tal extremo constituye un presupuesto necesario para que exista un caso o controversia que deba ser resuelto por este Tribunal”.

“Tan central resulta la concurrencia de un caso que su existencia es comprobable de oficio y en cualquier estado del proceso y su desaparición importa también la del poder de juzgar”, dijeron los jueces, tras recordar que la ampliación de la legitimación derivada de la reforma constitucional de 1994 “no ha modificado la necesidad de que los tribunales de justicia comprueben la existencia de un ‘caso”, pues no se admite una acción que persiga el control de la mera legalidad de una disposición”.

“Si cualquier tribunal nacional interviniese en asuntos que no configuran un “caso” o “controversia” en los términos señalados, se transgrediría el severo límite al Poder Judicial que surge del artículo 116 de la Constitución y que es propio del esquema de división de poderes que ella organiza”, se destacó.

Sentado ese contexto, la Corte detalló que la agrupación de veteranos argumentó que la derogación de la ley 26.737 “redunda en un daño irreparable al pueblo argentino en general” pues “libera el mercado de tierras habilitando la extranjerización de la tierra, dinámicas latifundistas, que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional”. Y citó que en su estatuto social su misión es “defender los derechos soberanos en el Atlántico Sur, Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur de todo dominio colonialista e imperialista”.

Al analizar la causa, la Corte afirmó que la Cámara Federal de La Plata aceptó la legitimación de CECIM diciendo que “la soberanía nacional es un bien colectivo” y que, por lo tanto, existe “un derecho de incidencia colectiva cuya defensa es ejercida en este proceso por una de las asociaciones que concentran ese interés colectivo”.

“El encuadre de la pretensión de la actora realizado por la Cámara, al considerarla apta para sustentar un proceso que tiene por objeto la protección de derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos, carece de todo fundamento”, sostuvo la Corte Suprema.

El tribunal hizo hincapié en que la soberanía territorial es “uno de los elementos constitutivos del Estado” y debe ser entendida “como la facultad de manifestar y hacer ejecutar la voluntad de la Nación” en un determinado ámbito espacial, por lo que “en modo alguno pueden ser consideradas un bien colectivo en el sentido del artículo 43 de la Constitución Nacional y de la jurisprudencia citada”.