El proyecto de Ley Ómnibus enviado por el Gobierno nacional este miércoles al Congreso de la Nación, para ser tratado en sesiones extraordinarias, prevé también modificaciones en el ámbito de la cultura, como la eliminación del Fondo Nacional de las Artes.
La Ley Ómnibus también va por la cultura: qué pasará con el Fondo de las Artes y las bibliotecas populares
El proyecto presentado por el presidente Javier Milei establece cambios radicales en la conformación del organismo dependiente del Ministerio de Cultura y la quita de subsidios para las artes.
A través del artículo 589, proclama la derogación del Decreto Ley N° 1224, el cual estableció la creación del organismo que actúa en el ámbito del Ministerio de Cultura de la Nación así como su financiamiento: el Fondo es el responsable de la entrega de becas, subsidios y préstamos para la realización de proyectos artísticos.
Entre otras, la acción del Fondo abarca múltiples disciplinas, tales como arquitectura, artesanías, arte y tecnología, artes audiovisuales, artes escénicas, artes visuales, diseño, letras, música y patrimonio.
Por otra parte, el paquete de medidas incluidas en el proyecto enviado por el presidente Javier Milei establece que el Poder Ejecutivo será el encargado de "la reasignación de los recursos humanos, presupuestarios y materiales" del organismo.
Las bibliotecas populares, otras damnificadas por la Ley Ómnibus
La Ley Ómnibus presentada por el Gobierno nacional también establece cambios para la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), el organismo que fomenta el fortalecimiento de las Bibliotecas Populares, entre ellos la eliminación de subsidios para su financiamiento y sostenimiento y la reducción considerable de sus trabajadores.
Entre otros puntos, el proyecto enviado al Congreso reduce los fondos económicos provocando un desfinanciamiento de subsidios, dependiendo únicamente de aquellos "que defina el Congreso Nacional en su presupuesto". Además perderán varios beneficios como son la franquicia postal, la liberación del gravamen establecido en la Ley de Sellos y del impuesto fiscal sobre la propiedad privada.
También propone la desaparición de la Junta Representativa, lo cual le impedirá a cada biblioteca la elección de sus representantes. Por último, proclama que la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares estará compuesta por un presidente, un secretario y cinco vocales, todos designados por el Poder Ejecutivo, y a excepción del presidente el resto de los cargos no percibirán remuneración por sus tareas.
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