La Justicia ordenó este jueves levantar el secreto y bancario de Francisco Adorni, actual legislador bonaerense de La Libertad Avanza, que es investigado, al igual que su hermano y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El juez federal Alejandro Casanello hizo lugar al pedido del fiscal, Guillermo Marijuan, quien había solicitado una serie de medidas de prueba para conocer detalles sobre los viajes y bienes del legislador. Además, ordenó a la Oficina Anticorrupción que entregue las últimas declaraciones juradas.
La investigación se inició a raíz de una denuncia realizada por legisladora del monobloque Coherencia, Marcela Pagano, la cual recayó en el Juzgado Federal N° 6, a cargo de Daniel Rafecas pero subrogado luego al magistrado Casanello que dio luz verde a las medidas de prueba.
Francisco y Manuel Adorni
Al igual que su hermano, Francisco Adorni también es investigado por la Justicia por enriquecimiento ilícito.
En un dictamen, Marijuan detalló que Francisco Adorni se encuentra en la lupa judicial después de que asumiera como funcionario: "Esto es, desde el mes de diciembre de 2023 en que había asumido el cargo de Titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa de la Nación y fuera posteriormente promovido, en junio de 2025, como Titular del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF) y hasta la actualidad".
En tal sentido, el fiscal señaló que el hermano del jefe de Gabinete presentó en 2024 una declaración jurada en la que reconoció tener el 50% de una casa de 162 metros cuadrados en City Bell valuada en $38.790.000 adquirida en octubre de 2016 mediante un crédito y el 50% de una camioneta Chery Tiggo modelo 2017 con un valor de $5.000.000, comprado en octubre de 2023. Además, declaró tener $43.790.000 entre bienes, depósitos y dinero.
En su última declaración jurada de 2025, afirmó tener un patrimonio neto de $80.500.000, el cual se explicaría por la compra de una camioneta Jeep Renegade en noviembre y la cancelación en 12 meses de un crédito hipotecario otorgado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires por alrededor de $60.000.000.