La Justicia de Jujuy pidió a Gerardo Morales frenar la represión a manifestantes

Zurueta recomendó, además, la realización de una instancia de mediación con todas las partes en conflicto y con la participación del Obispado de la provincia de Jujuy.

La brutal represión en Jujuy durante el fin de semana largo

En el marco de las protestas contra la reforma constitucional realizada por el gobierno de Jujuy, las fuerzas de seguridad locales desataron el sábado una brutal represión en Purmamarca, con numerosas detenciones y personas heridas, entre ellas un joven de 17 años que perdió el ojo tras recibir un disparo de bala de goma.

Este lunes, la Secretaría presentó un habeas corpus colectivo y preventivo para que se respetara el derecho a la protesta de los manifestantes, frenar la violencia policial y se inste al gobierno de Gerardo Morales a convocar a una mesa de diálogo.

El martes, tras la aprobación de la nueva Constitución por parte de la legislatura provincial, la policía jujeña volvió a reprimir a los manifestantes, esta vez con más violencia. El saldo fue de unos 170 heridos -uno de gravedad- y 69 detenidos.

El reclamo de la ONU al gobierno de Morales

La gran cantidad de denuncias por violencia institucional en la provincia motivó la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

A través de su representante para América del Sur, Jan Jarab, el Alto Comisionado envió una carta al gobernador Morales para expresar su preocupación por la represión y señaló la necesidad de iniciar un diálogo en el que se garantice la participación efectiva de los pueblos indígenas y de otras partes interesadas con el objetivo de "superar la crisis que en este momento vive la provincia de Jujuy" y "evitar una escalada de violencia".

En la carta, Jan Jarab también manifestó su preocupación por algunas puntos de la nueva Constitución provincial, en particular sobre el límite que establece al derecho a la protesta al prohibir cortes de calles y de rutas y "toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas".

"Esta disposición no se encuentra en línea con las obligaciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos", manifestó el representante del Alto Comisionado.