La Justicia bonaerense frenó la privatización de AySA y trasladó la causa al fuero federal

La resolución se conoció mientras el Gobierno avanza con un nuevo contrato de concesión asociado al proceso de privatización de AySA. El Ejecutivo extendió hasta el 15 de septiembre el plazo para presentar propuestas por el 90% de las acciones de la compañía y estima recaudar unos u$s450 millones.

El fallo fue firmado por los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez y resolvió las apelaciones contra una decisión previa del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 de La Plata, que interviene en el expediente desde junio.

El Defensor del Pueblo bonaerense impugnó el nuevo contrato de concesión

La demanda fue presentada por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, quien cuestionó el nuevo contrato de concesión y sostuvo que sus disposiciones reducían los estándares ambientales, sanitarios y de protección de los usuarios. El planteo alcanza a la prestación de agua potable y desagües cloacales en los 26 municipios del conurbano y la región metropolitana donde opera AySA.

"La Justicia suspendió la licitación de AySA por la indeterminación del pasivo ambiental y la Justicia Federal deberá resolver la cuestión de fondo", destacó el funcionario en X.

El convenio cuestionado, firmado en mayo de 2026, forma parte del proceso de privatización establecido por la Ley Bases, que declaró a AySA "sujeta a privatización". Después, el Decreto 494 habilitó el procedimiento para transferir al sector privado el 90% del capital social de la compañía, actualmente bajo control mayoritario del Estado nacional.

A partir de la presentación, la jueza de primera instancia había dictado una cautelar que ordenaba a AySA abstenerse de todo acto que modifique, reduzca, limite, altere, suspenda o disminuya sus obligaciones relacionadas con el agua potable, la salud pública, el ambiente sano y la prestación adecuada del servicio, y había dispuesto el traslado del expediente a los juzgados federales de La Plata.

AySA apeló la cautelar tras el rechazo de un pedido de reposición, mientras que Lorenzino cuestionó el traslado de la causa al fuero federal y pidió que permaneciera en la Justicia provincial. La Sala II rechazó el planteo de AySA y confirmó la cautelar en toda su extensión.

AySA: los jueces basaron el fallo en el derecho humano al agua

Los magistrados fundamentaron su decisión en el derecho humano al agua, los principios precautorio y preventivo en materia ambiental y la doctrina "in dubio pro natura", utilizada por la Corte Suprema, según la cual ante una duda sobre el impacto ambiental de una medida debe optarse por la alternativa que genere un menor perjuicio. Consideraron que un eventual deterioro de las garantías del servicio podría provocar daños de difícil o imposible reparación posterior.

En paralelo, la Cámara confirmó que el expediente deberá tramitar en la Justicia federal, con el argumento de que la discusión requiere interpretar el marco regulatorio nacional del servicio y de que AySA tiene el 90% de su capital en manos del Estado nacional. La resolución no anula el proceso de privatización, pero limita la aplicación del nuevo contrato de concesión en los aspectos que puedan reducir las garantías actuales del servicio para los usuarios, y deja el debate de fondo en manos de un juzgado federal que todavía debe ser sorteado en la Cámara Federal de La Plata.