La Hidrovía de la corrupción: todas las irregularidades de una privatización que terminó en escándalo

La concesión de la Vía Navegable Troncal a las firmas Jan De Nul y Servimagnus, que tendrán el manejo de la Hidrovía Paraná-Paraguay por los próximos 25 años es uno de los mayores escándalos bajo el gobierno de Javier Milei. Se trató de una licitación cargada de irregularidades durante todo el proceso de adjudicación a las empresas ganadores, con fuertes vínculos con el grupo Neuss, cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.

La entrega de la principal ruta fluvial argentina se concretó bajo un denso clima de sospechas por el diseño de pliegos a la medida de los ganadores y un evidente entramado de amiguismo empresarial ligado a las terminales de decisión del oficialismo. A principios de julio y a través de un comunicado, el Ministerio de Economía calificó la operación como un "hito histórico de transparencia" y celebró una "nueva era de gestión privada" para la ruta por donde sale el 80% de las exportaciones.

La proyección financiera de Jan De Nul contempla ingresos estimados por u$s15.660 millones a lo largo de los 25 años de explotación del servicio de la Hidrovía, con una opción de prórroga por un lustro adicional.

El proceso licitatorio descartó en sus etapas previas a las demás corporaciones internacionales que manifestaron interés en la hidrovía. La compañía brasileña DTA Engenharia quedó fuera de competencia en la primera fase debido a que su propuesta resultó "inadmisible" por falta de garantías, mientras que la empresa Dredging Environmental & Marine Engineering NV (DEME) quedó relegada al segundo puesto con 162,14 puntos totales frente a los 186,2 obtenidos por el consorcio ganador.

La paridad económica entre los finalistas obligó a las autoridades a definir la adjudicación mediante la evaluación de los antecedentes operativos y de infraestructura. Ambas firmas ofrecieron exactamente las tarifas mínimas del pliego, fijadas en u$s3,80 por Tonelada de Registro Neto (TRN) para la Etapa 0, u$s4,65 para la Etapa 1 y u$s5,78 para la Etapa 2, lo que otorgó a las dos el puntaje máximo de 120 unidades.

En medio del escándalo, para intentar mitigar las críticas y la controversia, el Palacio de Hacienda había asegurado que el Estado mantendrá un rol de autoridad de control sobre las operaciones de la flamante firma Vía Navegable Argentina S.A. Según el texto oficial, el Ejecutivo además "avanzará en la conformación definitiva del Consejo de Control", con la promesa de sumar a usuarios privados y provincias ribereñas.

La denuncia penal por presunto direccionamiento en la licitación

A mediados de mayo, el Gobierno desoyó la denuncia penal presentada ante la justicia de Comodoro Py para que se investigara la licitación pública por la Hidrovía, que se había sumado a la iniciada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

La Fundación por la Paz y el Cambio Climático exigía que se investigara una presunta maniobra de direccionamiento en la futura licitación, que incluía en la acusación a la empresa Jan De Nul, quien finalmente se quedó con el negocio.

La denuncia, presentada por Fernando Miguez, titular de la fundación, junto con la abogada Marcela Scotti, hablaba de una “defraudación sistemática mediante el fraude a un estado” y se reclama una investigación por presuntos delitos de asociación ilícita, fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles y malversación de caudales públicos.

Según el escrito, la maniobra estaría relacionada con el nuevo esquema de concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay y tendría un perjuicio estimado en “u$s7.000 millones”. Uno de los ejes centrales de la denuncia era la confección de un pliego “a medida” para favorecer a la empresa Jan De Nul, actual operadora del dragado.

El texto afirmaba que “la maniobra se materializa a través de un pliego diseñado con cláusulas de exclusión técnica”, particularmente la exigencia de “44 pies de calado inmediato”, condición que —según los denunciantes— “garantiza un oferente único”.

“Es una licitación con un solo corredor”, sostenía el escrito. Y agregaba: “La única empresa que tiene hoy las dragas de succión por arrastre necesarias, que ya están en el río, que ya tienen la logística y que pueden cumplir con esos 44 pies mañana mismo, es la Compañía Sud Americana de Dragados. O sea, Jan De Nul”.

La denuncia también cuestionaba el esquema de cobro del peaje. Según los denunciantes, el Gobierno buscaba que el concesionario privado volviera a recaudar directamente los ingresos de la Hidrovía, desplazando a la Administración General de Puertos (AGP). “Estamos hablando de 500 millones de dólares al año. Si el privado cobra y el privado dice cuánto dragó, se acaba el control. Es la caja perfecta”, afirmaba el texto.

En otro tramo, el escrito aseguraba que “si algo funciona y da superávit, ¿por qué lo querés privatizar de nuevo? La única respuesta es la caja”. Y añadía: “El Estado pierde la capacidad de saber qué pasa en el río. Pierde la soberanía económica sobre el principal canal de salida de nuestras riquezas”.

Además, denunciaba que habría existido una “purga silenciosa” de técnicos dentro de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Según el escrito, funcionarios “desplazaron a los cuadros técnicos que hacían las observaciones sobre los costos de dragado” para reemplazarlos por perfiles alineados con el nuevo esquema.

“La Hidrovía es el ejemplo más obsceno de cómo se maneja este Gobierno: con una mesa chica que decide por encima de las instituciones”, afirmó la denuncia.

También sostenía que “no es una privatización mal hecha; es una privatización bien hecha para los fines que ellos buscan: el desfinanciamiento del Estado y la entrega de una renta extraordinaria dirigida a un grupo de amigos”.

Entre las medidas de prueba solicitadas, la fundación pedía el secuestro de borradores de los pliegos, auditorías sobre la rentabilidad de la AGP, pericias navales para determinar cuántas empresas podían cumplir con el requisito de los 44 pies y el relevamiento de comunicaciones y expedientes administrativos.

También reclamaba una cautelar para frenar el proceso licitatorio. “Se dicte una medida cautelar de no innovar disponiendo la suspensión inmediata del proceso licitatorio de la Hidrovía hasta tanto se auditen los pliegos y se garantice la transparencia del proceso”, concluía la presentación. El Gobierno hizo caso omiso a todas las advertencias.

El vínculo de Neuss Capital con Jan de Nul

Por la Hidrovía Paraná-Paraguay entran el 80% de los dólares por exportaciones de toda la Argentina. Su administración permite facturar entre u$s200 y u$s300 millones al año durante 25 años por el dragado y el balizamiento del río Paraná. Tras firmar el contrato, Jan de Nul deberá contratar a otras empresas para garantizar los servicios que demanda el Estado: ahí entra Neuss Capital.

"Aparecen como contratistas de este negocio millonario, aparecen con los grupos detrás de (Gustavo) Elías, (Juan) Ondarcuhu, los Román", enumeró Bercovich en Brotes Verdes por C5N. Los Román son el dueño de la dragadora Servimagnus, Ricardo Román; su hijo Leonardo Román y la heredera Karina Román, quien estuvo en el Foro Llao Llao de Eduardo Elsztain.

El conductor contó que los hermanos Juan y Patricio Neuss son amigos del asesor presidencial Santiago Caputo desde los 5 años, cuando vivían en el country Martindale de Pilar. A través de Edison Energía, fundada hace solo un año, ganaron la licitación de Transener por u$s300 millones junto a Genneia, de Jorge Brito Jr. Sin embargo, su experiencia empresarial "no los hacía ni por asomo jugadores de peso en el mundo de la energía".

Otro vínculo de Neuss Capital con el Gobierno es el financiamiento de la Fundación Faro, organismo a cargo de Agustín Laje y Francisco Caputo, el hermano de Santiago Caputo. Bercovich señaló que los Neuss "son los principales mecenas" de la fundación y que son los dueños del Yot Club donde se hacen las cenas para empresarios para reunir fondos para La Libertad Avanza (LLA). La Fundación Faro, a su vez, financia las campañas de LLA.

La proyección financiera de Jan De Nul-Servimagnus contempla ingresos estimados por u$s15.660 millones a lo largo de los 25 años de explotación del servicio, con una opción de prórroga por un lustro adicional. En tanto, la sociedad local Servimagnus asumirá una participación minoritaria enfocada en las tareas de balizamiento de última generación, gestión ambiental y el control de derrames.