La Corte Suprema instó al Congreso a nombrar al Defensor del Pueblo

En un voto conjunto, los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz señalaron que la falta de un Defensor del Pueblo activo condicionó el trámite del expediente, ya que el organismo no podía adaptar la demanda a los requisitos fijados por la Corte para este tipo de reclamos. Además, remarcaron que la sanción de la Ley de Reparación Histórica y las resoluciones de demandas individuales cambiaron el escenario del caso.

El juez Ricardo Lorenzetti coincidió: la demora se explica, principalmente, por la prolongada acefalía en el cargo de Defensor del Pueblo. Subrayó, además, que ese organismo carecía de legitimación para representar colectivamente a los jubilados en cuestiones patrimoniales.

El origen de la causa se remonta a 2007, cuando el entonces Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, buscó que todos los jubilados pudieran acceder al mismo criterio de movilidad salarial que la Corte había fijado a favor de Adolfo Badaro. La Cámara de la Seguridad Social rechazó la demanda al considerarla un reclamo de derechos individuales, lo que derivó en la apelación que llegó al máximo tribunal.

Con la memoria intacta, la Corte recordó precedentes como el fallo Halabi (2009) y advirtió que lleva más de 15 años exhortando al Congreso sin éxito para que regule el ejercicio de los procesos colectivos en Argentina.