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La CIDH alertó sobre "retrocesos significativos" en derechos humanos durante el gobierno de Javier Milei

En su Informe Anual 2024, el organismo regional advirtió sobre "recortes en programas de protección social", un "uso desproporcionado de la fuerza pública contra manifestantes y periodistas" y "retrocesos significativos" en las políticas de memoria, entre otros puntos.

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  • La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su Informe Anual 2024 sobre la situación en la región y, en el caso de Argentina, advirtió sobre "retrocesos significativos" en la protección de derechos y represión a las protestas durante el gobierno de Javier Milei.

    La CIDH señaló que "las medidas de reorganización y reducción del Estado" impulsadas por La Libertad Avanza (LLA) han "debilitado la lucha contra la violencia y discriminación por razones de género e impactado de manera especial al disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca)".

    También remarcó que los recortes en programas de protección social se hicieron "sin considerar su impacto en los sectores más vulnerables, como los trabajadores de la economía popular", y tuvieron "impactos negativos" en el sistema de jubilaciones y pensiones.

    "En 2024 se registraron eventos de uso desproporcionado de la fuerza pública en contra de personas manifestantes y periodistas", sostuvo el informe, que hizo hincapié en la represión en el Congreso durante las protestas por la Ley Bases y el veto a la ley de movilidad jubilatoria.

    Protesta, policía, represión

    La CIDH cuestionó la represión a protestas, especialmente de jubilados.

    En cuanto a los derechos de las mujeres, la CIDH destacó que "por primera vez en 40 años, el país no cuenta con un organismo rector encargado del diseño y ejecución de políticas dirigidas a prevenir y erradicar la violencia de género", lo que también crea retrocesos para "garantizar los derechos sexuales y reproductivos".

    "Medios de prensa y organizaciones de la sociedad civil denunciaron que altas autoridades emitieron discursos estigmatizantes en rechazo a la diversidad de identidades sexuales y la perspectiva de género. Además, anunciaron restricciones a la aplicación de la Ley de Identidad de Género para personas privadas de libertad", agregó.

    El informe reconoció avances en los juicios de lesa humanidad, pero alertó sobre "retrocesos significativos" como el debilitamiento de la capacidad de litigio y el cierre de espacios institucionales clave, y señaló que los cambios en la normativa de acceso a la información pública "opacan y restringen la transparencia del Estado".

    Por último, la CIDH reportó un "deterioro acelerado del ambiente para el ejercicio de la libertad de expresión" caracterizado por "la baja tolerancia del Poder Ejecutivo hacia las críticas y los procesos deliberativos", lo que se traduce en "discursos estigmatizantes principalmente desde altas autoridades del Estado contra periodistas y medios de comunicación, y particularmente contra mujeres".

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