La Asociación de Magistrados rechazó el traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad

"La Amfjn, con la decisión unánime de todos los espacios que la conforman, ha dado constante muestra del respeto de las instituciones en un Estado de Derecho", continuó en tal sentido el texto, que fue firmado por el presidente de la Amfjn, Andrés Basso.

En tanto, explicó el motivo por el cual rechazan que el traspaso se realice: "Justamente, con base en ese respeto a las instituciones, es que la Justicia Nacional no puede pasar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya que ello implicaría una clara violación de la Constitución Nacional, hecho que orgánicamente no podemos permitir y al que nos oponemos férreamente".

También marcó que se intentará que la intención que el traslado no se efectúe. "En este sentido, nuestra posición ha sido sostenida siempre con tenacidad e ímpetu, y así lo seguiremos plasmando, como en este caso, mediante acciones tendientes a que esos intentos de avasallamiento no lleguen a concentrarse", advirtió.

Por último, se envió un mensaje a los miembros: "Sepan nuestros asociados y asociadas que estamos en permanente alerta frente a esta situación ya que, además de las innumerables razones normativas y constitucionales que lo impiden, el traspaso intentado sólo redundaría en perjuicio del justiciable y de la sociedad en su conjunto, a la vez que afectaría gravemente principios básicos de la independencia judicial".

La búsqueda del traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad

En el proyecto de Ley Ómnibus que envió el presidente Javier Milei al Congreso se impulsa el traspaso de la justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires en el plazo de tres años.

En el proyecto se indica que "instrúyese al Poder Ejecutivo Nacional a impulsar todos los actos y suscribir los acuerdos que sean necesarios para que se efectivice la transferencia de la Justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires en un plazo máximo de tres años".

Con respecto a la Inspección General de Justicia (IGJ) se marca que "estará a cargo de un Inspector General, que la representa y es responsable del cumplimiento de esta ley". También se detalla que "el Inspector General será designado por el Poder Ejecutivo Nacional de una terna propuesta: uno por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y dos por el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires".

"El Inspector General deberá reunir las mismas condiciones y tendrá idéntica remuneración e incompatibilidades que los jueces de las Cámaras Nacionales de Apelaciones", se agregó en la iniciativa.