Luego de otra semana frenética del ministro del Interior, Diego Santilli, el Gobierno está confiado de contar con los votos para la aprobación de su proyecto de flexibilización laboral en general. Aún no está claro si tendrá que hacer algunas concesiones, pero la voluntad de la Casa Rosada es no aceptar cambios sustanciales. Lo que Santilli escuchó -tanto en su reunión con los gobernadores de Salta, Tucumán y Catamarca como en su visita a Corrientes- fueron reclamos vinculados a los fondos que les faltan, o los que les faltarán si la reforma se aprueba. Los aportes coparticipables que se eliminarían son la gran preocupación de los mandatarios que, en su inmensa mayoría, apoyan la nueva norma en su espíritu.
Lo del gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, es paradigmático. Luego de su encuentro con Santilli anunció que acuerda con el espíritu de la iniciativa, más allá de condicionar su respaldo total a la llegada de fondos frescos. Pero, un par de días antes, Valdés había puesto el foco en un factor que atraviesa a gran parte del entramado productivo argentino: la falta de ventas. Cuando se refirió al cierre de la histórica textil Alal, que dejó sin empleo a más de 260 trabajadores en Goya (Corrientes) y en Villa Ángela (Chaco), Valdés aseguró: "Es difícil sostener una empresa cuando no hay ventas. En la caída del consumo que está atravesando en este momento Argentina se hace muy difícil seguir sosteniendo la empresa".
Que un mandatario entienda el problema que atraviesa la producción de su provincia, en línea con lo que pasa en el resto del país, es importante. Pero que, sabiendo esto, decida acompañar un proyecto que profundizará aún más la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores argentinos, es preocupante. Lo mismo sucede con los empresarios que reconocen que la reforma no generará un solo puesto de trabajo más, pero que de cualquier modo la apoyan. Ya, cámaras como ADIMRA (metalmecánica), CAME y la Cámara Argentina de la Construcción han alertado acerca de la necesidad de iniciativas que promuevan la producción, entre las que no está la reforma laboral.
La disociación entre el ajuste y sus consecuencias alarma en gobernadores, intendentes, diputados, senadores y empresarios. El propio Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural, ha reclamado por el estado de las rutas por las que se transporta el producto agropecuario, pero luego solo presiona para conseguir la baja o eliminación de retenciones.
En relación con las rutas, un relevamiento realizado por la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) encendió señales de alarma sobre el estado de la red vial en el país. Según el informe, entre el 65% y el 70% de los corredores nacionales se encuentran en condición "regular" o "mala", un diagnóstico basado en la experiencia cotidiana de los trabajadores del organismo, quienes advierten un deterioro sostenido de la infraestructura vial.
La situación tiene impacto directo en la seguridad vial, la logística productiva y la conectividad regional, en un contexto marcado por la paralización de la obra pública y la reducción de partidas presupuestarias destinadas al mantenimiento y la inversión en rutas. La misma Argentina que permitió en los '90 que se desarmara su red ferroviaria, hoy acepta que se destruya su única vía de tránsito. La autocondena a la paralización, casi literal, debería ser un caso de estudio.
Es cierto que este también es un reclamo de los gobernadores que ven cómo se abarrotan las rutas provinciales y crece la siniestralidad en sus distritos. Por eso, se espera que se produzcan una reunión en el Consejo Federal de Inversiones en la que los mandatarios dialoguistas planteen estas inquietudes. El Gobierno exige que primero se vote y luego habrá compensaciones, pero eso no convence ni siquiera a los más cercanos. Este grupo, integrado por mandatarios del PRO y radicales como Zdero y Cornejo, pide que se esperen dos años para eliminar los aportes coparticipables. Los integrantes de Provincias unidas -entre los que se cuenta Valdés, junto a Llaryora, Pullaro y otros- y los peronistas del noroeste exigen compromisos concretos de envío de fondos para obra pública en el corto plazo.
Lo que ninguno de los gobernadores muestra es algún interés por discutir el articulado que afecta directamente a los trabajadores. El debate pasa por sus propios intereses de gestión, pero ninguno de todos ellos cuestiona una reforma regresiva, que claramente lesiona los derechos laborales más básicos. Quizás por eso, el titular de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlán, fustigó a quienes se arrogan el derecho de negociar por un colectivo que no les es propio: "Si nosotros no nos sentamos a discutir cuestiones vinculadas a la coparticipación, ¿por qué ellos creen que pueden representarnos en nuestras reivindicaciones?".
En esa línea, y apoyando al sector más combativo de la CGT y la CTA, se mostró el gobernador Ricardo Quintela. El riojano asegura que discutir la ley es aceptarla, cuando no tiene ningún aspecto positivo para los empleados, registrados o no. Su postura también da cuenta de otra cosa, y es la asunción de que el Gobierno nacional busca destruir al peronismo aprovechando su propia debilidad e internas. En el corto plazo, quizás tenga resultados en el Senado y en Diputados, donde se anticipan más fugas en las próximas semanas.
Pero también busca complicar la situación de los distritos en los que gobierna el PJ. A pesar de que el más apuntado es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicilloff, eligieron comenzar por otro. La intervención del puerto de Ushuaia parece ser el primer paso para quebrar la institucionalidad del gobernador Gustavo Melella, otro férreo opositor al poder federal. Con una oposición cooptada o interdicta, es más fácil avanzar en el ajuste que los sectores concentrados patrocinan cada vez que gobierna la derecha.
